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BIRMANIA: EL NUEVO PEÓN EN EL JUEGO POLÍTICO MUNDIAL

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BIRMANIA: EL NUEVO PEÓN EN EL JUEGO POLÍTICO MUNDIAL

Publicado el 24 junio 2013 por admin

 

 

 

 

 

Autora: Mabe de Molnar

Debido a los actuales cambios en la economía mundial, con la presencia de China en los primeros puestos, comienzan a moverse las piezas del ajedrez en el que se ha convertido el mundo, como si de un gran tablero global se tratara, en el que se pusiera en juego la estrategia y las materias primas y en el que cada pieza debe moverse de manera correcta. Birmania está en un lugar estratégico en ese tablero. Entre quienes se la disputan destacan los más fuertes: China, Estados Unidos y un tercer jugador, la India. Los movimientos ya han comenzado y todo parece indicar que presenciaremos una partida larga y complicada.

Desde hace años se anunciaba la irrupción de China en los primeros puestos en la economía mundial. Estaba previsto que la llegada del gran gigante asiático produjera cambios en el orden económico global. Un largo e intenso camino que comenzó hace años. Acciones encaminadas a conseguir el gran despertar de una economía que pueda hacer competencia o derrotar a la gran economía occidental. Pero no olvidemos que China no iba a llegar sola a los primeros puestos. Se esperaba que Rusia e India también lo hicieran. Tres grandes potencias a punto de revolucionar el mundo que conocíamos hasta hoy.

Mientras el sistema económico evoluciona, las fuentes de energía siguen suponiendo una carta de poder y las nuevas potencias crecientes en el capitalismo y en la gran producción industrial necesitan materias primas que puedan sostener la carrera industrial. China mantiene con diferentes países de África relaciones y vínculos que a día de hoy le proporcionan beneficios y la ayuda necesaria para continuar con su carrera ascendente. Estados Unidos alertado por la competencia económica que pueda resultar China necesita aliados en Asia. Y Birmania, por su posición estratégica, es el enclave perfecto que ambos necesitan tener como aliado.

Birmania, un diamante en bruto

Podríamos describir de manera simplista al país birmano como un país empobrecido, centro de la noticia por las violaciones de Derechos Humanos y del que apenas se puede obtener información debido a la censura. Pero también es un país muy rico en recursos naturales y que cuenta con una situación geográfica que lo convierte en un actor muy interesante para los países vecinos y para los Estados Unidos y Occidente. Su historia ha marcado su presente, un pasado reciente que no ha terminado de concluir con un régimen que ha supuesto un sumatorio de crímenes contra la humanidad y violaciones de Derechos Humanos.

En marzo de 2011 comenzó una transición hacia un régimen más democrático al disolverse la junta militar que había conducido al país desde el año 1962. Mientras los avances hacia una situación más favorable para la población van apareciendo muy lentamente diferentes organizaciones en defensa de los Derechos Humanos continúan denunciando crímenes, matanzas y demás atentados contra civiles pertenecientes a la etnia Rohingya. Una de las más castigadas del mundo.

Birmania es un país rico en materias como jade o tres billones de metros cúbicos de gas natural y petróleo (la décima parte de las reservas de gas del planeta). También es un país prolífero en problemas sin resolver y de difícil solución. La gran brecha social, los numerosos grupos de refugiados que tuvieron que abandonar el país, los grupos de insurgentes una población empobrecida, en definitiva, un sumatorio de dificultades que van a ser poco a poco olvidadas si continúan siendo primordiales los avances democráticos en favor del crecimiento económico y no en beneficio de una situación más justa para la población.

Ha habido un cambio significativo y que podrá determinar el futuro del país así como ya está repercutiendo en la actualidad. Se ha pasado de una presión internacional sobre la junta militar a perdonar la deuda. ¿Se perdonarán los crímenes contra la humanidad? ¿Quedarán impunes las violaciones de Derechos Humanos que ha vivido la población? En principio parece que sí. A cambio de una transición democrática. Una transición democrática que permita establecer relaciones económicas con el país asiático.

En las elecciones que están previstas para el año 2015, el líder del partido de la oposición al régimen Aung San Suu Kyi tiene el apoyo de Estados Unidos pero, por otro lado, va perdiendo la confianza de parte de la población quien la acusa de servilismo y de estar siendo utilizada por Estados Unidos además de olvidar la denuncia de los crímenes que aún continúan sucediendo. Para expertos y analistas, las futuras elecciones pueden resultar realmente significativas. Podríamos ver un monopolio sobre el poder del partido de Suu Kyi, quedando relegada la antigua clase política, y luchas internas dentro del partido. Suu Kyi se enfrentaría a la resolución de problemas realmente complejos como por ejemplo la situación de los Rohingya, la población que espera que se haga justicia.

La jugada de India

La principal misión del país indio en referencia a Birmania es contrarrestar la influencia de China en la región. Fue a principios de los años 90 cuando India comenzó a rehacer su política exterior con la llamada “mirada al este” y junto con la participación en la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático), además de otras transformaciones, consiguió mejorar y hacer despegar la economía.

India y Birmania no sólo coinciden en la ASEAN. También forman parte del proyecto de cooperación regional conocido como BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation), aunque su repercusión económica es escasa.

India necesita nuevos mercados para su creciente economía, además de los recursos naturales. Birmania es un candidato óptimo por el origen histórico compartido  y la proximidad territorial.

Para garantizar la estabilidad en el comercio, India no duda en proporcionar medios militares para afianzar la seguridad en las fronteras, en las que se refugian grupos insurgentes surgidos en gran mayoría de los grupos étnicos que tuvieron que huir del país.  India apoya la democratización, pero realmente, le interesa la estabilidad, sea del color que sea, y que en un futuro las relaciones entre ambos países sean como mínimo tan productiva como la que pueda mantener con China o Estados Unidos.

            La presencia de China y el cambio de actitud birmano

Mientras el mundo dio la espalda al régimen birmano por sus acciones contra los Derechos Humanos, China mantuvo sus relaciones, las cuales comienzan a dar sus frutos. Durante el presente año 2013 está previsto que comiencen a funcionar dos oleoductos que atraviesen todo el territorio Birmano para llevar desde Oriente Medio hasta China el petróleo. El estrecho de Malacca, lleno de piratas y la dificultad de no tener acceso directo al océano Índico por esa zona, hacen que Birmania sea un aliado esencial al cual debe proteger con el ejército chino o dotando de armas al régimen birmano.

¿Cómo puede afectar a China la actual democratización de Birmania? Ya en el pasado Birmania puso en manos de su aliado la propaganda del régimen, un acto de absoluta confianza y complicidad. Si en las futuras elecciones se hiciera con el poder el partido de la oposición y ganaran los defensores de los Derechos Humanos, que cuentan con el apoyo de Occidente y de Estados Unidos, se abriría un gran debate acerca de si deberán primar las relaciones económicas sobre la defensa de los Derechos Humanos para garantizar un futuro mejor al país.

El hecho de que Birmania también juegue sus propias cartas podría suponer a la larga una desconexión del apoyo y la influencia de China. Tal vez en un futuro, Birmania espere haber reducido su dependencia de China. Probablemente, no podrá jugar a favor de dos bandos de manera simultánea. O se rinde ante occidente o lo hará ante China. Puede que todo dependa de las próximas elecciones.

Mientras tanto, Birmania está modificando sus políticas interiores y exteriores. Durante el presente año 2013, el país birmano acogerá diversos eventos como son “South East Asian Games” (un evento deportivo que reúne a los países de la región) y el “East Asia Summit of the World Economic Forum” (Un encuentro en el que se tratarán los temas que afectan a Birmania desde su participación en la ASEAN hasta cómo se puede crear empleo). Además, está previsto que en el próximo año 2014 sea el país birmano quien presida la ASEAN. Probablemente la inclusión de Birmania en esta unión junto con otros países asiáticos diera respuesta a una necesidad: contrarrestar el poder de China en la región.

En cuanto a la política interior, las reformas deberán ser más incidentes en los conflictos con las minorías y la falta de respeto de los Derechos Humanos. Si estas reformas se llevaran a cabo se obtendría una mayor confianza por parte de los inversores extranjeros. Principalmente provenientes de occidente. Aunque existe el riesgo de que en un futuro el país acabe en manos de multinacionales que ya tienen un pie en territorio birmano, y que acabe bajo la influencia de los oligopolios que impidan una distribución más justa de la riqueza.

Según D. Steinberg: “Las sanciones en Birmania no han funcionado, es evidente. Pero han tenido un gran efecto en la población, ya que la han empobrecido”. A pesar de las sanciones, el país ha tardado demasiado tiempo en conseguir llegar a una transición. La corrupción, el narcotráfico (hablamos del segundo productor de opio a nivel mundial) y la cantidad de armamento con el que cuenta suponen trabas para que en un futuro, surja una economía más transparente.

Tras las visitas oficiales a Birmania por parte de Hillary Clinton y Barack Obama, se dejó claro que la “visita no era un cheque en blanco”. Un anuncio de lo que acontecerá en un futuro, si no se cumple con unas mínimas garantías de respeto a los Derechos Humanos, no habrá tantos acuerdos económicos.

A pesar de que continúan los enfrentamientos entre budistas y musulmanes y la mayoría de las problemáticas permanecen activas, sí ha habido diferentes avances, uno es la vuelta de la prensa privada a las calles de Birmania. El monopolio de la información ha cedido y ya puede renacer la prensa independiente del régimen, aunque es de suponer que existirá un control de contenidos bastante férreo. Otro gran apunte es que el presidente birmano Thein Sein ya no está oficialmente en la lista negra de Obama. La visita del dirigente estadounidense supuso la liberación de presos para conseguir suavizar más las sanciones y mejorar las relaciones.

Además, Birmania ya cuenta con la posibilidad de utilizar tarjetas de crédito internacionales. El país quiere sumergirse en un proceso de modernización en el que se potencie el turismo como fuente de ingresos (a pesar de la escasa y mejorable oferta hotelera), que incluye una remodelación del aeropuerto internacional de Rangún y la creación de un centro de negocios.

Como podemos ver, en pleno proceso de cambios internos sujetos a las demandas externas, existe el riesgo de que los crímenes ocurridos en Birmania caigan en el olvido y ante la indiferencia de la historia, pese a la necesidad de justicia que se reclama desde diferentes ámbitos locales e internacionales.

La oportunidad de “hacer negocio” y al mismo tiempo debilitar la presencia china en la zona marcan los ejes de esa nueva actitud occidental hacia Birmania. Estados Unidos, China e India están obligados a mover sus piezas, a adelantar posiciones en torno a Birmania, un importante peón dentro de la estrategia mundial.

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Bhutan

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EXPECTATIVAS DE UN FUTURO INCIERTO PARA LOS REFUGIADOS DE LARGA DURACIÓN: EL CASO CONCRETO DE BHUTÁN

Publicado el 20 junio 2013 por admin

Bhutan

Los refugiados de Bhután reivindican su derecho a retorno

 

 

 

 

 

 

Autora: Nina Wörmer Nixdorf

Para poder afrontar los retos a los que se enfrenta la Comunidad Internacional con los refugiados de larga duración, primero debemos definir y describir, brevemente, algunos de los conceptos y cifras más importantes.

Los últimos datos publicados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), sitúan en 42,5 millones a las personas que se encontraban en situación de desplazamiento forzoso a finales de 2011.

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al analizar estas cifras debemos tener en cuenta qué status configuran este concepto. De hecho, para el ACNUR, la cifra de desplazados forzosos representa la suma de personas refugiadas[1] y de personas en situación de desplazamiento interno, IDPs (por sus siglas en inglés)[2].

En el año 2011 la cifra de desplazados forzosos aumentó en 4.3 millones de personas respecto a 2010[3]. De hecho, más 800.000 personas se convirtieron en refugiados al cruzar una frontera internacional huyendo de su país[4]. Esta cifra es la más elevada desde el año 2000. Respecto a los IDPs tenemos que hablar de más de 3.5 millones de personas en un año, “lo que supone un aumento del 20% respecto al 2010”[5].

Según podemos ver en el gráfico “a pesar del alto número de nuevos refugiados, la cifra total de desplazados por conflictos fue menor que en 2010, en que hubo 43,7 millones. Esto se debe principalmente al efecto compensador que ha supuesto el retorno a gran escala de personas desplazadas internas que han regresado a sus hogares en 2011, y que se eleva a 3,2 millones, la cifra más alta de retornos de desplazados de la última década[6].

Según ACNUR, la presente situación nos demuestra una tendencia que marcará el futuro a nivel global:

Desde una perspectiva a 10 años vista, el informe nos muestra algunas tendencias preocupantes: una de ellas es que el desplazamiento forzado está afectando a un número cada vez mayor de personas a nivel global, con la media anual sobrepasando los 42 millones en los últimos cinco años. Otra sería que una persona que se convierte en refugiado, tiene muchas más posibilidades de permanecer en esa situación por muchos años, a menudo en un campo de refugiados o viviendo en situación de precariedad en algún barrio urbano. De los 10,4 millones de refugiados bajo el amparo de ACNUR, casi tres cuartas partes (7,1 millones) llevan viviendo en el exilio durante más de cinco años, a la espera de una solución a su situación[7].

Uno de los retos a los que nos vamos a tener que enfrentar como sociedad internacional es la existencia, y seguramente el aumento constante, de refugiados de larga duración, es decir, que la situación de refugio de la inmensa mayoría de los refugiados supera los 5 años de duración.

Los principales problemas que surgen cuando la situación de refugio se perpetúa son:

  1. Falta de perspectivas de futuro:
    1. Ausencia de trabajo en los campos de refugiados.
    2. No aceptación por parte del país receptor.
    3. Escolarización y formación limitadas.
    4. Ausencia de estatus legal y jurídico.
    5. Dependencia de Organismos Internacionales.
  2. Problemas de salud:
    1. Malnutrición.
    2. Problemas psiquiátricos.
  3. Imposibilidad de retorno:
    1. Separación de sus familias.
    2. Desarraigo.
    3. Ausencia de relación con la patria.
  4. Violencia y hábitos de adicción en los campos de refugiados:
    1. Violencia de género.
    2. Consumo de alcohol y estupefacientes.

Para describir estas problemáticas quiero utilizar el ejemplo de los refugiados bhutaneses.

Si bien Bhután no es un país que juegue un rol de vital importancia en la política internacional considero que en materia de refugio es una clara muestra de las dificultades e injusticias a las que se ven expuestos los millones de habitantes del planeta que se encuentran en esta situación.

Para empezar debemos destacar que a diferencia de muchos otros países “emisores” de refugiados, en Bhután no existe un conflicto armado, pero sí una discriminación étnica que según organismos como Human Rights Watch o autores expertos en la materia como Michael Hutt, David Thornson o Nanda Gautam (por citar algunos) puede describirse como “limpieza étnica”.

La realidad es que desde 1991 la monarquía absolutista bhutanesa, y actualmente también el gobierno de Bhután, han forzado a la minoría étnica de los Lhotshampa a abandonar el país.

Este grupo étnico que profesa la religión hindú, tuvo que abandonar su país de origen debido a la implementación de diferentes leyes[8] y la puesta en marcha de políticas discriminatorias que les negaban la nacionalidad bhutanesa. A raíz de estas medidas gubernamentales más de 100.000 Lhotshampa tuvieron que instalarse en los 7 campos de refugiados que el ACNUR estableció en Nepal.

Los siete campos y sus habitantes (año 2006)

Camp Población. Nº de familias Nº de chozas Personas por choza
Beldangi-1 18,335 2524 2843 6.45
Beldangi-2 22,542 3358 3604 6.25
Beldangi-2 extension 11,594 1672 1827 6.35
Goldhap 9513 1348 1511 6.30
Khudunabari 13,392 1960 1960 6.83
Sanischare 20,993 2790 3212 6.54
Timai 10,293 1382 1716 6.40
Total 106,662 15,034 16,673 6.40

 

De esta manera los Lhotshampa dejaron de ser considerados ciudadanos y se convirtieron en  refugiados. Una realidad que se  sigue alargando hasta el día de hoy.

Han pasado 22 años desde que los primeros refugiados bhutanses llegaron a los campos en Nepal, pero ninguno de ellos ha podido regresar a su país de origen. De esta manera, las autoridades bhutanesas están privando a los refugiados de uno de sus principales derechos: el derecho al retorno.

La única solución que se les ha dado es la reubicación en terceros países. Actualmente, y desde 2007, ocho países[9] han recibido a refugiados bhutaneses. Esta reubicación ha logrado que en 2013, 69.000 de los más de 108.000 refugiados estén viviendo fuera de los dos campos de refugiados que existen actualmente en Nepal[10].

A los 69.000 Lhotshampa que no han querido formar parte del programa de reasentamiento, o que aún están a la espera de ser enviados a terceros países, les quedan pocas esperanzas para volver a Bhután en algún momento.

De hecho, ellos se enfrentan a problemas de diferente índole:

a) No reconocimiento por parte de Nepal de su condición de refugiado:

Este hecho hace que para los refugiados sea imposible desarrollar una vida normal fuera de los campamentos. El gobierno nepalí les impide realizar trabajos remunerados dentro de las fronteras de su país. Esto conlleva a una escalada de tensión dentro de los campos porque no hay opción de lograr un desarrollo personal en materia laboral.

b) Aumento de la violencia en los campos[11]:

Desde 2002 se han tipificado múltiples denuncias por violencia. En el año 2003 ACNUR recogió información sobre 48 de casos de violencia doméstica, violaciones, matrimonios forzosos y más de 35 casos de desaparición de niñas y mujeres (se cree que son víctimas de tráfico de personas) al año[12].

Un factor que influye en considerablemente en las acciones violentas que se dan en los campos es el consumo de alcohol y sustancias ilegales. El alcoholismo es uno de los principales problemas cuando hablamos de abuso de sustancias en los campos[13].

c) Ataques policiales:

Existen varias denuncias por abusos de la fuerza por parte de la policía  nepalí contra refugiados bhutaneses. El último caso es de abril de 2012 y relata la detención y el maltrato de un refugiado de 29 años a manos de la policía nepalí[14]. Antes, en mayo de 2007 la policía nepalí acabó con la vida de dos jóvenes refugiados e hirió a decenas de refugiados[15].

Además existen casos de fallecimiento a manos de la policía india. El caso más llamativo se produjo en 2007 cuando un número reducido de refugiados intentaron cruzar la India para poder regresar a Bhutan. El enfrentamiento entre la policía y los refugiados se saldó con un refugiado muerto.

d)Dependencia de Organismos Internacionales:

Debido a la imposibilidad de obtener trabajo y por consiguiente de hacerse valer por sí mismos en el aspecto económico, los refugiados tienen una dependencia absoluta de la Ayuda Internacional.

Con la actual crisis financiera y los recortes estatales por parte de la mayoría de los países del Norte en materia de cooperación el futuro de los refugiados, debido a esta completa dependencia, se queda aún más en el aire.

Este último punto es aplicable en su totalidad a todos los casos de refugiados de larga duración a nivel mundial. El reto al que nos enfrentamos es lograr cambiar esta realidad, aportando opciones de futuro para tantos millones de personas fuera de los miles de campos de refugiados que se encuentran a lo largo y ancho de todo el planeta.


[1] Según el Artículo 1 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de las Naciones Unidas de 1951, entendemos por refugiado a una persona  “Que, […] debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él”. [en línea] http://www.acnur.org/t3/a-quien-ayuda/refugiados/la-proteccion-internacional-de-los-refugiados-estandares-seleccionados/#Definici%F3n

[2] Para ACNUR, “los desplazados internos no cruzan fronteras internacionales en busca de seguridad y protección, sino que permanecen dentro de su propio país”. [en línea] http://www.acnur.org/t3/a-quien-ayuda/desplazados-internos/

[4] Ibídem.

[5] Ibídem.

[8] Las principales Leyes que han permitido a las autoridades bhutanses a expulsar a la población perteneciente a los Lhotschamapa son: Se trata de la Ley de nacionalidad de Bhután “Nationality Law of Bhutan” de 1958, su derogación y posterior promulgación por las Leyes de “Citizenship Act” de 1977, “Marriage Act” de 1980 y  “The Bhutan Citizen Act” de 1985.

[9] Los ocho países son: Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Noruega, Dinamarca, Países Bajos y Reino Unido.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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PALESTINA: EL BOICOT ENTRA EN JUEGO

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PALESTINA: EL BOICOT ENTRA EN JUEGO

Publicado el 10 junio 2013 por admin

Foto: Manu Sánchez

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Andrés Domínguez Sahagún

La esperada dimisión del primer ministro palestino Salam Fayyad el mes de abril de 2013 ha vuelto a poner de manifiesto las crecientes presiones exteriores e interiores soportadas por la Autoridad Nacional Palestina desde su creación en 1994.

Durante los 6 últimos años al frente del gobierno palestino basado en Cisjordania, el llamado pragmatismo político de Fayyad se ganó una enorme popularidad entre los gobiernos occidentales. Su apuesta por la “Intifada Blanca”, su predisposición a acabar con cualquier tipo de resistencia violenta a la ocupación israelí y el liderazgo mostrado en la lucha contra Hamás venían de la mano de un discurso liberal que vaticinaba la creación de un futuro Estado palestino gestionado de manera eficaz y abierto a las inversiones extranjeras. Todo aparentemente correcto, incluso para Simón Peres y buena parte de la prensa israelí, que llegó a calificarle como el “Ben Gurión palestino”.

Su fama en el exterior explica su escasa credibilidad dentro de los Territorios Palestinos Ocupados. Los dos escaños logrados en las elecciones de 2006 por su partido Tercera Vía siguen siendo a día de hoy su mayor aval democrático. Las colaboraciones de su gobierno de facto con la CIA e Israel en aras de garantizar la seguridad de los segundos, su destacado papel en el golpe de Estado de junio de 2007 y las continuas claudicaciones a las presiones internacionales también han jugado en su contra. El simbólico triunfo que supuso la aceptación de Palestina como Estado observador en Naciones Unidas y el acuerdo de reconciliación alcanzado con Hamás en 2011 han resultado insuficientes para mitigar la indignación de una población que, asolada por la violencia de la ocupación israelí, ve en el movimiento islamista al legítimo abanderado de su lucha por alcanzar un Estado independiente.

La fractura entre la sociedad civil palestina y sus representantes se ha forjado a golpe de Intifada sofocada. Las demandas de la comunidad internacional en materia de seguridad, normalmente vinculadas a la concesión de fondos, han ido limitando el papel de las instituciones públicas palestinas al de gestores administrativos, y a veces militares, de la ocupación. Como consecuencia, la población palestina ha acabado percibiendo a sus líderes tradicionales como meros capataces de una plantación.

Con semejantes credenciales, el fiasco del proyecto de Fayyad parece entreabrir la puerta a un mejor entendimiento entre las distintas facciones palestinas, al tiempo que entorpece, al menos a corto plazo, las relaciones con el exterior. En medio de crecientes rumores sobre la posibilidad de una tercera Intifada, también expone los límites del impacto que cualquier tipo de estrategia palestina pueda tener para acabar con la ocupación. Ante la falta de resultados de las dos Intifadas anteriores y de cualquier tipo de resistencia (violenta y pacífica) a los ocupantes, Fayyad propuso una política diseñada a gusto de Occidente y fundamentada en la mejora de la gobernabilidad, la seguridad y el desarrollo capitalista, con miras al establecimiento de un Estado palestino independiente a finales de 2011.

Pero tampoco cuajó. Las distintas estrategias palestinas para establecer su Estado han ido dándose de bruces con la evidente falta de voluntad política de los gobiernos israelíes por llegar a cualquier tipo de acuerdo basado en la legalidad internacional, ya sea entendida como la suma de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en torno al conflicto árabe-israelí, o como el cumplimiento de las distintas Convenciones de Ginebra que Israel no ha llegado a firmar.

La Operación Plomo Fundido de 2009 en la que murieron 10 israelíes y más de 1.400 palestinos constituye la más reciente muestra de la enorme diferencia de poder y autonomía política que separa a ambos pueblos. Este desequilibrio de fuerzas ha malogrado las variopintas estrategias de emancipación palestinas, ya sean de naturaleza colaboracionista o revolucionaria. La superioridad militar del Estado sionista y sus sólidas relaciones con Occidente también le han permitido implementar un continuo proceso de judeización de la Palestina histórica que desde 1948 ha necesitado de la perpetración de crímenes de guerra y la violación sistemática de los derechos humanos de la población palestina. La limpieza étnica acometida por Israel en 1948 y descrita con detalle por los historiadores israelíes Ilan Pappé y Benny Morris, entre otros, significó la expulsión de más de 700.000 palestinos de sus hogares.  Con ello, Israel se aseguró una superioridad numérica de emigrantes que permitiría construir un Estado nación mayoritariamente judío. A lo largo de los últimos 65 años, el gobierno israelí ha perfeccionado los métodos de control étnico tanto dentro de su Estado como en los Territorios Palestinos Ocupados, haciéndolos más sutiles y más digeribles por la opinión pública internacional. La destrucción de casas, pozos de agua y campos de olivos, la expropiación forzosa de tierras y recursos naturales, las restricciones sobre el comercio y la movilidad forman parte del día a día de las personas palestinas y son semanalmente documentadas por multitud de organismos observadores, Naciones Unidas entre ellos.

En este contexto, los tenues cambios sociopolíticos acaecidos en el seno de la potencia ocupante tienen bastante más impacto en la vida de la población palestina y en el devenir del conflicto que las escuálidas políticas de contención impulsadas por la ANP.

Sorprende por ello el escaso eco mediático de los resultados arrojados por las últimas elecciones legislativas israelíes, celebradas el 22 de enero de 2013. La victoria de la derecha, en el poder desde 2001, y las tradicionales dificultades del gobierno para alcanzar la mayoría absoluta en la Knesset han pasado de puntillas sobre las portadas de nuestros periódicos invernales. Tampoco ha tenido mayor repercusión el reciente rechazo israelí a la enésima propuesta para retomar las negociaciones con la ANP, esta vez traída por Estados Unidos de la mano de John Kerry.

No obstante, la composición del actual parlamento israelí puede arrojar claves valiosas para entender la evolución de sus políticas en los Territorios Palestinos Ocupados y sus (cada vez menos) disimuladas reticencias a buscar una paz justa y duradera, tal como la definía la Resolución 242 del Consejo de Seguridad.

La radicalización del sionismo

En un sistema electoral con un único distrito nacional, el fragmentado parlamento israelí funciona como un fiel indicador de la evolución ideológica y étnica de su población. A pesar de la continua formación y disolución de partidos políticos, tras el fracaso de los Acuerdos de Oslo se puede apreciar un claro proceso de derechización del sionismo que se hace patente en discursos cada vez más favorables a la reconquista del Eretz Israel bíblico.  La vuelta a las fronteras de 1967, defendidas por el partido laborista israelí hasta bien entrados los años 90, o el estatus compartido de Jerusalén, son a día de hoy anatemas compartidos por la gran mayoría de la Knesset.

Esta radicalización responde a varios motivos. Aunque la caída del laborismo en la primera década del Siglo XXI sí puede atribuirse en parte al desencanto de su electorado con el fracaso de las negociaciones con los palestinos, el giro a la derecha responde en mayor medida a la evolución demográfica de Israel. El aumento constante de colonos en Cisjordania, hoy en torno al medio millón, y la mayor fertilidad de los matrimonios religiosos (superior a los 5 hijos por pareja) contrasta con la disminución del peso demográfico de las familias laicas y progresistas, menos interesadas en crecer y multiplicarse.

En las dos  últimas elecciones, el lugar reservado para la primera fuerza progresista, tradicionalmente laborista, ha sido usurpado por el centro laico pro-colonización (Yesh Atid, Kadima, Hatnuah) con más de medio millón de votos. Mientras, un coro de partidos de extrema derecha (ultra-religiosos, ultra nacionalistas o ambas cosas a la vez) continúa creciendo y adquiriendo mayor peso en la formación de cada nuevo gobierno.

El giro a la derecha iniciado con la elección de Ariel Sharon en marzo de 2001 se ha visto consolidado en estas últimas elecciones, por la victoria de la coalición Likud-Beitenu, formada por el Likud del primer ministro Benjamin Netanyahu, e Israel Beitenu, liderado por Avigdor Lieberman. El Likud aglutina al nacionalismo que nunca ha ocultado su deseo (ferviente) de anexionarse Cisjordania. Su primer ascenso al poder en 1977 recogió el desencanto de los judíos mizrahim (magrebíes y orientales) hacia la elite de izquierdas que había gobernado el país desde 1949. Tras el fracaso de la Cumbre de Taba en 2001, su disputada hegemonía se ha ido nutriendo tanto del escepticismo del votante medio israelí hacia cualquier tipo de acuerdo con los palestinos como del mencionado peso de los medio millón de colonos que pueblan hoy Cisjordania.

Por su parte, Israel Beitenu representa el ascenso de una nueva versión radicalizada de sionismo construido sobre las oleadas de emigrantes soviéticos llegados a Israel tras el derrumbe de la URSS. Tal como ocurrió con los mizrahim en los años 70 y con otros muchos grupos étnico-religiosos israelíes, los recién llegados se han agrupado en torno a un nuevo partido político que representa sus intereses y defiende su identidad judeo-israelí.  Su eslogan “sin lealtad, no hay ciudadanía” y su plan para el intercambio de población entre colonos y palestinos que viven en Israel muestran claramente sus reticencias a compartir calles y tiendas con sus vecinos.

El establecimiento de esta alianza se ha visto reforzado por el constante crecimiento  de los partidos de corte nacional-religioso, como “la Casa Judía” (11 escaños), Shas (11 escaños) o Yahadut Hatorah (7 escaños). Entre los tres doblan los votos recibidos por el laborismo.

La lucha contra el Apartheid

La consolidación de estas formas de sionismo de derechas tanto fuera como dentro de la Knesset, unida al apoyo que Estados Unidos y la Unión Europea han venido prestando a Israel en las últimas décadas, está acelerando el proceso de reclusión forzada de la población palestina ocupada en ciudades sitiadas y sin acceso a los recursos necesarios para sobrevivir sin ayuda externa. Al mismo tiempo, está permitiendo el aumento de la segregación social, educativa y legal de los palestinos que viven dentro del Estado Israel, a los que se les sigue prohibiendo alquilar y comprar el 93% de la tierra israelí.

Este cúmulo de discriminaciones, algunas explícitas por ley, otras aplicadas a través de órdenes militares justificadas por razones de seguridad, ha cimentado la instauración de un régimen de Apartheid en el que la condición de no-judío supone una merma más que considerable del ejercicio de los derechos humanos y políticos de la población palestina.

Ante la escasa capacidad de actuación de sus líderes y la permisividad mostrada por el Consejo de Seguridad de NNUU y la Unión Europea, en 2005 varias organizaciones de la sociedad civil palestina lanzaron un llamamiento a la comunidad internacional, gobiernos incluidos, para aplicar medidas de boicot, desinversiones y sanciones contra Israel de la misma forma que ya lo hiciera en los años 70 y 80 contra el régimen sudafricano.

Desde su nacimiento, la campaña de boicot económico, político, cultural y deportivo ha encontrado fuertes barreras dentro y fuera de los Territorios Ocupados. Dentro, la ruptura de los vínculos laborales que se han ido tejiendo entre ocupantes y ocupados implica el aumento de la vulnerabilidad de la población palestina, que en muchos casos depende de empresas israelíes. Esta vulnerabilidad se ha visto aumentada después de que la Knesset aprobara en julio de 2011 una severa ley que criminaliza el apoyo de cualquiera de sus ciudadanos al boicot, sean judíos o no.

Fuera, a la férrea oposición del lobby sionista y la consecuente desgana de los gobiernos occidentales hay que sumar el papel de los medios de comunicación occidentales que, salvo en casos de sangrante evidencia, tienden a retratar la Ocupación como el resultado de un conflicto entre entidades culturales opuestas condenadas a no entenderse.

Aun así, tras 8 años de existencia, la campaña de boicot, desinversiones y sanciones empieza a dar sus frutos. La temprana adhesión de los sindicatos y universidades británicas ha sido refrenada por la formación de redes de apoyo por todo el mundo. Este mismo mes de abril hemos visto cómo 12 ministros de la UE recomendaban replicar la decisión de los gobiernos de Dinamarca, Gran Bretaña, Sudáfrica y Holanda de etiquetar con un distintivo los productos producidos en los asentamientos israelíes. Si bien esta medida no constituye en modo alguno una prohibición a la distribución de dichos productos, sí implica la transformación de una retórica tradicionalmente contraria a la ocupación en actos de presión que, tal como solicitaba la sociedad civil palestina, permitan salvaguardar sus derechos humanos y políticos.

En los próximos años, la profundidad y solidez de este tipo de acciones gubernamentales dependerán en buena medida de la presión que ejerza la opinión pública internacional. Los mecanismos de boicot existentes permiten aumentar su influencia en instituciones y medios de comunicación con una eventual renuncia a consumir productos israelíes. Sin esta contribución de la comunidad internacional, el sueño de una paz justa para ambos pueblos parece condenado a continuar preso en otra tanda de frustrantes negociaciones que servirán de banda sonora a la última fase de la conquista de Cisjordania.

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HAITÍ EN EL PUNTO DE MIRA DE LOS MEDIOS: QUÉ SE HIZO MAL Y CÓMO HACER UNA MEJOR INFORMACIÓN

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HAITÍ EN EL PUNTO DE MIRA DE LOS MEDIOS: QUÉ SE HIZO MAL Y CÓMO HACER UNA MEJOR INFORMACIÓN

Publicado el 03 junio 2013 por admin

Haití

Tet Kale, Autor: Nacho Fradejas García en http://bit.ly/162bOHW

 

 

Autora: Nereida López Torres

 Nada más y nada menos que tres años han pasado ya desde el terremoto que asoló Haití el 12 de enero de 2010. Tres años desde 7,2 grados en la escala Richter sacudieran la parte oeste de la isla compartida con República Dominicana. Según datos de Cruz Roja, el terremoto destruyó 105.000 hogares, provocó que más de un millón de personas se convirtieran en desplazados y causó cerca de 7,8 billones de pérdidas económicas.

Y también hace tres años que se realizó una de las coberturas más vergonzosas y desastrosas por parte de los medios de comunicación de una emergencia humanitaria que conmocionó al mundo entero, por su intensidad y por su gran ataque a la extrema vulnerabilidad que llevaba el país viviendo desde hace gran cantidad de años.

Haití, durante un mes, fue un país colonizado por medios de comunicación y por organizaciones no gubernamentales. Unos con muy buenas intenciones, otros, seguramente las llevaron, pero se les cayeron al suelo en cuanto bajaron del avión y formaron ese cuello de botella del que casi era imposible tanto entrar, como salir.

Y tras estos tres años desde aquel desastre, Haití ha salido principalmente en los medios de comunicación 2 veces más. Los dos diez de enero siguientes al terremoto. Cabe preguntarnos dónde quedó esa preocupación que a tantos medios no dejó descansar ni de día ni de noche para cubrir de manera, podríamos calificar de “imprudente”, aquel suceso.

Muchas cosas han sucedido en Haití desde aquel 10 de enero de 2010, y apenas se han hecho eco. Quizá porque los hechos no eran tan fotografiables, impactantes al ojo humano o porque, tras el desastre informativo que se llevó a cabo, prefieren dejarlo en la recámara, no vaya a ser que vuelvan a caer en los mismos errores que incurrieron hace tres años.

Y muchas ocurrieron antes de este suceso, las cuales tampoco generaron un interés mediático destacado. Quizá es hora de plantearse que Haití, ese pequeño país que ocupa una superficie de casi 28.000 km cuadrados, tiene derecho a ser protagonista en las secciones de internacional de muchos medios de comunicación. Desde 1986, Haití intentó por todas las maneras, alcanzar ciertos niveles de democracia que se vieron constantemente truncados por diversos hechos que fueron impidiendo que saliera a flote. Casi 30 años bajo el yugo de los dos regímenes dictatoriales de la familia Duvalier hicieron que la población haitiana viviera bajo unos niveles de desigualdad constantes frente a las élites que movían capitales a su antojo y jugaban con la vida de sus nacionales. Su régimen se caracterizó por las detenciones arbitrarias en relación a causas políticas, los cuales fueron recluidos y sometidos a maltratos o a ejecuciones extrajudiciales. La libertad de expresión brillaba por su ausencia durante los quince años de gobierno de Baby Doc, cantidad de medios de comunicación fueron censurados y sus periodistas corrieron una suerte similar a la de los presos políticos.

Esta represión constante que vivió la población fue perpetrada en su mayor parte por los Tonton Macoutes, definidos por Sonia Alda Mejías, investigadora del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado como “una milicia popular en origen que fue empleada como instrumento del Presidente para reprimir la disidencia”.

Con la llegada al poder de Jean Bertrand Aristide, el pueblo haitiano creyó ver la luz, pero tampoco. Aristide se enfrentó a uno de los retos más importantes de su vida, que era dotar al país de unas verdaderas estructuras estatales que devolvieran la confianza a la población. Pero el ex religioso no consiguió llevar a cabo su proyecto político en el país. Varios golpes de Estado se sucedieron hasta la llegada al gobierno de Reneé Preval, presidente del país en el momento en el que el terremoto sacudió a la isla.

Según los datos publicados en el último anuario del PNUD que ha salido a la luz en este año, Haití se encuentra dentro del grupo de países de desarrollo humano bajo, ocupando el puesto 161 de los 186. En 2009, Haití se situaba dentro del grupo de países de categoría anterior, los denominados países de desarrollo humano medio. De igual manera, llama la atención el número de muertes relacionadas con el cólera que documenta el informe en relación. Durante el periodo 2005-2010, el PNUD documenta 3990 fallecimientos a causa del cólera,  seguido muy de lejos por Sudán, con más de mil casos.

Por tanto, quizá sí que debería interesarnos qué es lo que pasa en este país de las Antillas. Y no referirnos únicamente a él cuando de emergencias humanitarias se trata. Novedades a distintos niveles se han sucedido en estos últimos tres años que son dignas de destacar.

Empezando a nivel político, año y medio después Haití elegía a su nuevo presidente tras un periodo electoral un tanto convulso, en el que la OEA tuvo que dar un puñetazo en la mesa ante el flagrante fraude que se estaba cometiendo en los comicios. Las urnas determinaron que Michel Martelly era el designado por el pueblo, pero las noticias principales que tuvimos sobre el nuevo presidente haitiano fueron que era un músico muy conocido en el país. Sobre el nuevo dirigente poco sabemos aparte de las visitas oficiales que ha realizado a algunos países o los discursos promulgados en los últimos aniversarios del terremoto. Por tanto, sería interesante conocer si la población sigue brindando su apoyo incondicional a este presidente, que fue empujado por la mayoría de las clases populares a hacerse cargo del país tras, la ineficacia o “cuando algo te sobrepasa” de Preval o si, por el contrario, estamos ante un gobierno de tradición continuista apoyado por las oligarquías. “Su equipo no son gente de cambio, son más cercanos a la dictadura Duvalierista” tal y como opina François Kawas, director del Observatorio de Políticas Públicas y de la Cooperación Internacional en Haití en una entrevista concedida al periódico Diagonal.

Por otro lado, a principios de marzo, veíamos como el ex presidente Jean Claude Duvalier, también conocido como Baby Doc, comparecía ante el Tribunal de apelaciones haitiano bajo la acusación de  haber perpetrado crímenes de lesa humanidad y desvío de fondos durante los quince años que presidió el país. Duvalier ya había intentado evadirse varias veces de la justicia haitiana, que ya le había llamado a declarar en tres ocasiones desde su vuelta inesperada al país después de los 25 años que pasó en Francia tras huir de Haití después de ser derrocado por las revueltas populares.  La organización Human Right Watch (HRW) estima que durante el régimen de Duvalier, entre 20.000 y 30.000 personas fueron asesinadas.

Respecto a las relaciones bilaterales, Haití y República Dominicana han tenido serios conflictos diplomáticos desde 2007 a raíz de una directiva de la Junta Central Electoral, en relación a la expedición de documentos de identidad a dominicanos de ascendencia haitiana. Y tras la renovación de la Constitución dominicana en 2010, se amplió la negativa a otorgar la nacionalidad a los hijos de aquellas personas que estuvieran residiendo ilegalmente en el país. De esta situación se hizo eco Amnistía Internacional hace dos años e instó al gobierno de República Dominicana a solucionar esta desagradable situación. A ello, hay que sumar las repetidas expulsiones colectivas que lleva a cabo el gobierno dominicano de migrantes haitianos a pesar de la solicitud del ACNUR de que estas expulsiones se suspendieran por razones humanitarias.

Por su parte, el gobierno de Ecuador también lanzó un aviso a los ciudadanos haitianos. Mediante un comunicado lanzado a principios de marzo, se informaba que a partir del 1 de abril, todo haitiano que quisiera entrar en el país, necesitaría una carta de invitación que proviniese de algún ciudadano ecuatoriano, suscrita ante notario, en la que el residente se comprometiera a hacerse cargo de los gastos de alimentación, alojamiento y los posibles gastos médicos que su visita haitiana pudiera acarrear. A su vez, el firmante del documento debía acreditar su solvencia económica, teniendo un mínimo de 1000 dólares de ingresos mensuales. Finalmente, un día antes de su entrada en vigor, el gobierno ecuatoriano decidió no aplicarla ya que “todavía haría falta llegar a algunos acuerdos con el régimen de la nación caribeña para la introducción de este requerimiento”, según publica el periódico ecuatoriano La Hora.

Por otro lado, el cólera sigue siendo un problema crucial en el país. Se están realizando grandes proyectos de agua y saneamiento para conseguir cortar de raíz esta enfermedad que está diezmando a la población desde que volviera a aparecer en el país meses después del terremoto. De hecho, el 27 de febrero de este año, la OPS/OMS instó a la comunidad internacional a financiar el plan presentado por el gobierno haitiano en agua y saneamiento para conseguir atajar la enfermedad. El huracán Sandy fue otra emergencia humanitaria que quizá debió ser más destacada, sobretodo en comparación con la cobertura que se realizó cuando la tormenta llegó a Estados Unidos. Ni que decir tiene que los niveles de destrucción en ambos países están en las antípodas de la comparación. En Haití, dejó cerca de 50 muertos y anegó gran parte de los cultivos de la población. El primer ministro Laurent Lamothe declaraba que los cultivos que no se llevó por delante el huracán Isaac, que afectó a la isla en verano del pasado año, “han quedado destruidos por Sandy”.

A nivel social, resulta muy importante el empuje que está dando la población a la reconstrucción del país, dando así visibilidad a esa realidad que pocas veces hemos visto reflejada en los medios de comunicación. La realidad de que el pueblo haitiano no es un pueblo pasivo, sin miras de futuro y que lo único que espera es la ayuda internacional. El vivo ejemplo de esta actitud está en un pequeño artículo publicado en la página web  del PNUD en el que se destaca la creación por parte de mujeres haitianas de pequeñas empresas. Y ese es solamente un ejemplo de los muchos que hay.

Desde España tampoco nos quedamos cortos. Puesto que últimamente, estamos siendo conocidos a nivel internacional por nuestros casos de corrupción, era de esperar que tuviéramos alguno relacionado con el ámbito de la Cooperación. Y casualmente, parte de la corruptela está directamente ligada con Haití. En la Comunidad Valenciana saltó la liebre con el caso del “Escándalo de la Cooperación”. Rafael Blasco, principal imputado de la trama, era Consejero de Solidaridad Ciudadana en la Comunidad Valenciana. El Tribunal Superior de Justicia la Comunitat Valenciana acusa a la trama de haberse apropiado de cerca de seis millones de euros de fondos concedidos para la ayuda a países en desarrollo. Todo se orquestó bajo la Fundación Cyes y un entramado de empresas que desviaban el dinero de los fondos de cooperación a cuentas privadas. Haití está inmersa de manera directa en esta trama de corrupción, ya que, a petición de la Consejería de Solidaridad Ciudadana, se propuso a Cruz Roja participar en un proyecto consistente en la creación de un hospital. El exconsejero, Rafael Blasco, pensaba otorgar más de cuatro millones de euros para el proyecto, cuando, según la investigación llevada a cabo por la juez, la realidad era otra: apropiarse de los fondos del proyecto. Cruz Roja no aceptó la oferta ya que consideraban que no se ajustaba al tipo de proyectos en los que la organización suele participar. Sobra decir que el asunto no alcanza a aparecer en páginas de interés nacional, sino en las secciones dedicadas a las Comunidades Autónomas, perdiendo por lo tanto importancia e impacto mediático.

Por ello, tras estas breves pinceladas, cabe preguntarse, ¿cuánta información hemos recibido sobre estos sucesos? Quizá habría sido adecuado haberle dedicado tanto ímpetu a este tipo de noticias como el que se dedicó a buscar la foto más impactante del terremoto o el testimonio más desgarrador y lacrimógeno.

Si se hubiera dedicado tanto empeño a cubrir periodísticamente estas situaciones, probablemente se habría presionado más a la Comunidad Internacional para que desembolsase con más celeridad las partidas de dinero prometidas.

Dicha presión hubiera valido para que el gobierno haitiano ejerciera verdaderos actos de transparencia sobre los proyectos llevados a cabo.

Es necesario a futuro que se tenga en cuenta a las ONG y a los Organismos Internacionales, como los que llevan trabajando en Haití desde antes del terremoto, como fuente seria y necesaria para los medios de comunicación. Sin su punto de vista, las informaciones al respecto quedan incompletas y, probablemente, más sesgadas.

Y todo esto, hubiera sido la mejor manera de escuchar a los ciudadanos haitianos, que llevan años dejándose la piel para construir (y tras 2010, reconstruir), ese país que con tanta insistencia, se recordó que era el país más pobre de América.

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