La tierra de todos, el negocio de unos pocos: la mercantilización de la tierra

12 mayo 2011 | Autor:admin

Al hablar de “mercantilización de la tierra” nos referimos a la inversión, principalmente extranjera, en grandes extensiones de tierra cultivable en países empobrecidos que se encuentran, paradójicamente, sumidos muchas veces en graves crisis alimentarias. Este fenómeno de acaparamiento de tierras, se viene dando desde hace más de una década, pero puede afirmarse que ha cobrado especial auge en los últimos años, a raíz de la crisis alimentaria de 2007-2008 y el efecto que ésta ha tenido en la valoración de los recursos necesarios para la producción de alimentos (tierra y agua). En efecto, la rentabilidad esperada de la inversión crece al aumentar el beneficio por unidad de tierra: el alza de los precios de los alimentos ha hecho que los precios de las tierras de cultivo suban en todo el mundo. Sólo en 2007, subieron un 16% en Brasil, un 31% en Polonia y un 15% en los Estados del Medio-oeste de los Estados Unidos.

¿A qué tipo de operaciones nos estamos refiriendo?

No existe mucha información pública acerca de este tipo de transacciones, pero puede afirmarse que los inversores son, por lo general, extranjeros y procedentes de países prósperos pero con escasez de tierras cultivables y agua para producir alimentos, como son los Estados del Golfo Pérsico, que importan en torno al 60% de los alimentos que consumen y que pueden rebajar los costes en torno a un 25% si controlan la oferta de alimentos; o se trata de países asiáticos con mucha población y problemas de seguridad alimentaria como China, India o Corea del Sur. Las inversiones se dirigen generalmente a países en desarrollo con costos de producción de alimentos muy inferiores y mayor abundancia de tierras y agua. Otros factores que determinan el destino de las inversiones son la proximidad geográfica o la presencia de determinadas condiciones climáticas favorables a un determinado cultivo. Entre los inversores, domina el sector privado, aunque con importante apoyo, ya sea financiero o de otro tipo, de entes estatales. La presencia de Gobiernos, ya sea directamente o a través de empresas públicas o alianzas público-privadas, es también significativa en el grupo de inversores, pero lo es aún más en los países receptores de estas inversiones.

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En la otra cara de la moneda de los compradores, especuladores, intermediarios que trafican con tierra como si fuera una mercancía cualquiera y países como Sudán, Tanzania, Kenya, Malawi o Etiopía, con sus gobiernos a la cabeza, que han abierto las puertas de par en par a la inversión extranjera destinada a la agricultura, especialmente a la compra y explotación de tierras de cultivo. Se habla así, especialmente en el caso de África, de que se está gestando una “tormenta perfecta”, destinada a descargar su furia sobre el corazón mismo del continente: sus tierras de cultivo, los pequeños agricultores y las comunidades que viven de ellas y que suponen un 70% de la población africana; que pueden encontrarse, en un día no muy lejano, sin tierras que cultivar y con sus estructuras sociales y comunitarias destruidas.

El destino de las tierras es cada vez con mayor frecuencia la producción de alimentos básicos, pero también, en muchas ocasiones, lo que se busca es la rentabilidad de la inversión, por lo que las tierras se destinan a la producción de materias primas agrícolas no alimentarias o agro-combustibles. Otras veces, se trata en realidad de “operaciones de cobertura” de las operaciones especulativas en mercados de derivados sobre materias primas agrícolas, que realizan los fondos soberanos de inversión (enormes masas patrimoniales propiedad por lo general de los Estados exportadores de petróleo, constituidas a partir de los ingresos de la exportación de crudo) que son quienes están también detrás de estas inversiones en tierras de cultivo. Las operaciones no siempre se instrumentan a través de una compraventa, sino que a menudo las transacciones realizadas son contratos de arrendamiento a muy largo plazo o contratos de cultivo y suministro de alimentos a cambio de infraestructuras rurales y agrícolas, como sistemas de riego y carreteras.

Como hemos dicho, no existe mucha información disponible acerca de estas transacciones pero, no obstante, según datos del Instituto Internacional de Investigación de Política Alimentaria (IFPRI, por sus siglas en inglés), entre 2006 y 2009, se intercambiaron entre 15 y 20 millones de hectáreas en este tipo de operaciones, por un valor conjunto de 20 a 30.000 millones de dólares. Uno de los casos más significativos fue el intento de adquisición, en noviembre de 2008, por parte de la multinacional coreana Daewoo Logistics, de una plantación en la isla de Madagascar de 1,3 millones de hectáreas (el tamaño de media Bélgica), destinada a cultivar principalmente maíz para la exportación, con el objetivo de producir unas 10.000 toneladas en 2010. Dicha compañía ha adquirido también tierras en otros países, como Indonesia, con el objetivo de desarrollar los cultivos en un plazo de 15 años, para producir la mitad de la demanda actual de Corea del Sur, unos 5.000.000 de toneladas anuales, el 5% del comercio mundial. En noviembre de 2008, el emirato de Qatar, a cambio de una inversión de 2.300 millones de dólares en un nuevo puerto, arrendó 40.000 hectáreas en Kenya para destinarlas a la producción de fruta y verdura. En marzo de 2009, India destinó una inversión de 4.000 millones de dólares a Etiopía, dirigida principalmente a la agricultura en general, cultivo de flores y producción de azúcar. En abril de 2009, Libia adquirió 100.000 hectáreas en Malí, país cuya situación de seguridad alimentaria es muy precaria, para destinarlas al cultivo de arroz. Sudán, el país más extenso de África, que cuenta con más de seis millones de personas que han de ser atendidas por el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas y en el que sólo se explota un 8% del total de superficie cultivable; se ha convertido en un destino preferente de estas inversiones: el gobierno egipcio firmó en junio de 2008 un contrato que le aseguraba la producción de 2 millones de toneladas de trigo anuales; en noviembre del mismo año, Jordania adquirió 25.000 hectáreas para destinarlas a ganadería y cultivos; en junio de 2008, Corea del Sur adquirió 690.000 hectáreas para cultivar trigo y entre julio y agosto de 2008, diversas entidades de los Emiratos Árabes Unidos cerraron operaciones que les aseguraban el uso de más de 400.000 hectáreas para el cultivo de maíz, alfalfa y, posiblemente, trigo, patatas y leguminosas. En el Sur de Sudán, la compañía de inversión estadounidense Jarch Capital, ha llegado incluso a cerrar una operación de 400.000 hectáreas con uno de los líderes guerrilleros locales.

¿Qué consecuencias tienen estas inversiones?

Existe la percepción generalizada de que en los países destino de estas inversiones, hay un exceso de tierras cultivables sobre las que no existen títulos de propiedad válidos y/o que están infrautilizadas y desaprovechadas desde el punto de vista de su explotación agrícola, cuando no directamente baldías. Pero en muchos casos, las tierras sí están siendo aprovechadas, muy a menudo por parte de los segmentos de población más desfavorecidos, para el pastoreo, recolección de leña o hierbas medicinales, usos todos ellos no valorados por el mercado; y ya se ejerce un derecho sobre ellas. Lo que ocurre es que en muchos lugares, especialmente en África, la propiedad de la tierra se rige por costumbres y tradiciones centenarias, pero no hay documentos ni registros de la propiedad y los usuarios de esas tierras no ven reconocidos y respetados sus derechos, porque quedan al margen de las instituciones y de la estructura jurídica y legal oficial. Así, la inversión en grandes extensiones de tierras cultivables en países de África, empobrecidos y sumidos en graves crisis alimentarias, muchos de de ellos; supone una cuestión de justicia social y de derechos humanos, por cuanto impide el ejercicio efectivo del derecho humano a la alimentación. La Directriz 8B de las Directrices Voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional, aprobadas por el Consejo de la FAO en su 127º período de sesiones, en noviembre de 2004, establece que “Los Estados deberían adoptar medidas para promover y proteger la seguridad de la tenencia de la tierra, especialmente con respecto a las mujeres, los pobres y los segmentos desfavorecidos de la sociedad, mediante una legislación que proteja el derecho pleno y en condiciones de igualdad a poseer tierra y otros bienes, incluido el derecho a la herencia. Según convenga, los Estados deberían estudiar la posibilidad de establecer mecanismos jurídicos y otros mecanismos de políticas, en consonancia con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y de conformidad con el estado de derecho, que permitan avanzar en la reforma agraria para mejorar el acceso de las personas pobres y las mujeres a los recursos. Tales mecanismos deberían promover también la conservación y la utilización sostenible de la tierra. Debería prestarse particular atención a la situación de las comunidades indígenas.”

Jacques Diouf, Director General de la FAO, ha hablado ya de neocolonialismo alimentario, aunque dicha organización ha suavizado posteriormente su discurso de forma notable y se ha alineado con la postura de otros organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (IFAD, por sus siglas en inglés), el Programa Mundial de Alimentos o la Comisión de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) y los gobiernos de los países más industrializados, que en septiembre 2009 se reunieron en Nueva York, al hilo de la sexagésimo cuarta Asamblea General de las Naciones Unidas, con el fin de aunar esfuerzos para diseñar un marco internacional de principios y buenas prácticas, que promuevan la inversión responsable en agricultura.

Frente a esta postura, se alzan las voces de algunas de las personas más pobres del planeta, asociaciones de campesinos y coaliciones como COPAGEN, ONGs, organizaciones de la sociedad civil y activistas, que están luchando por hacer ver a los gobernantes, principalmente a los africanos, lo que está en juego realmente en estas inversiones con las que se juegan, no sólo la soberanía alimentaria, sino la soberanía territorial del continente y la misma existencia de las naciones africanas. Estas voces denuncian que inversiones como éstas no son más que la enésima reedición  (en ediciones anteriores figuran los programas de ajuste estructural, las estrategias de reducción de la pobreza o la primera Revolución Verde de las décadas de los 60 y 70), de todas esas Grandes Ideas e inacabables planes que sacan beneficio de los países más pobres en lo que fingen servir a su desarrollo. Reclaman que estas inversiones en realidad ponen en grave riesgo la consecución del Objetivo 1 de Desarrollo del Milenio (reducir la pobreza extrema y el hambre) y del 7 (garantizar la sostenibilidad medioambiental).

Tras décadas de insuficiente inversión en el sector agrícola a nivel mundial, es obvio que en los países en desarrollo se necesita  capital con urgencia. Las escasas inversiones  realizadas en los últimos decenios han estancado la productividad y los niveles de producción. Con  objeto de reducir a la mitad para 2015 el número de las personas que padecen hambre, como prevén los objetivos de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996, los cálculos de la FAO indican que se necesitarán anualmente fondos adicionales de por lo menos 30 mil millones de dólares. La capacidad de los países en desarrollo para colmar  este déficit  es limitada y la ayuda oficial al desarrollo (AOD) no ofrece alternativas reales. De hecho, la parte de la ayuda que va a la agricultura ha seguido una tendencia descendente hasta situarse por debajo del 5 por ciento del total de flujos de capital que se destinan a los países en desarrollo, según datos de la OCDE. La cuestión clave no se refiere a si las inversiones internacionales deben complementar otras entradas de capital, sino a cómo aprovecharlas al máximo y si es posible hacer que redunden en beneficio de todas las partes implicadas: inversores, países receptores y comunidades locales. Como efectos positivos de estas inversiones se citan la creación de empleos tanto agrícolas como no agrícolas; incremento de la productividad, mejoras en la calidad; vínculos progresivos y efectos multiplicadores mediante el recurso a las fuentes locales para el suministro de la mano de obra; el desarrollo de infraestructura rural y mejoras que redundan en la reducción de la pobreza, como la apertura de escuelas y puestos de atención sanitaria. Otros efectos, de impacto más amplio, son la transferencia de tecnología y nuevas prácticas agrícolas, así como los compromisos de inversión, la estabilidad global de precios y el aumento de los suministros alimentarios, para el mercado interno y para la exportación. Como efectos negativos, están la expropiación de tierras, las amenazas que suponen para los medios de vida de las poblaciones locales y la insostenibilidad medioambiental.

Recomendaciones

El que se potencien o atenúen unos u otros efectos de estas inversiones en tierras de cultivo, dependerá en gran manera de cómo se diseñen este tipo de operaciones. Y lo primero que debemos tener en cuenta es la relación de poder completamente desigual que se establece entre el inversor extranjero y los pequeños agricultores y propietarios que constituyen la población local. Todo el poder de negociación se encuentra claramente del lado de la empresa extranjera que invierte, especialmente si sus intereses son apoyados por el Gobierno del país receptor de la inversión o por las élites locales y cuando los pequeños propietarios y agricultores que han venido haciendo uso de esa tierra, no tienen ningún título de propiedad ni contrato o documento legal que les autorice  su explotación, sino que han venido haciéndolo en base a la costumbre y tradiciones locales. Dado que el Estado es a menudo el propietario oficial de la tierra, la población local corre un elevado riesgo de verse expulsada sin derecho a consulta ni indemnización. Resulta, por tanto, fundamental reforzar de forma efectiva (y no sólo sobre el papel) en la legislación nacional, los mecanismos previstos de participación de la población local, así como la transparencia e información pública sobre estas operaciones, al objeto de que la población pueda prestar su consentimiento previo e informado, que sea consultada cuando todavía todas las opciones están disponibles, que disponga de información completa y comprensible, que los diversos intereses locales estén representados, y no únicamente los de las élites; que cuente con la ayuda legal necesaria y que los afectados sean indemnizados convenientemente. Es necesario exigir una mejor rendición de cuentas a Gobiernos y a empresas inversoras. No hay que olvidar que, como ya hemos visto, son derechos humanos (como el derecho a la alimentación y el derecho de propiedad) los que están en juego y que según el marco conceptual desarrollado por el Representante Especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y las Empresas Transnacionales y Otras Empresas, respetar los derechos humanos es responsabilidad directa de las empresas (además de cumplir con la legislación, tanto la del país receptor de la inversión, como la de aquel del que procede ésta).

Los beneficios para la población local derivados de estas inversiones también dependen en gran medida de cómo estén diseñadas este tipo de operaciones y cómo se gestionen. Es necesario promover modelos de negocio inclusivos y poder exigir legalmente a los inversores, de forma efectiva, no sólo sobre el papel, el cumplimiento de los compromisos adquiridos en cuanto a niveles de inversión, creación de empleo, desarrollo de infraestructuras, ingresos fiscales, protección medioambiental, salvaguardas en la ocupación de tierras y otros aspectos.  Los contratos, de compraventa o de arrendamiento, que sustenten la explotación de las tierras, deben redactarse de forma que maximicen su contribución al desarrollo sostenible del país receptor. Resulta, por tanto, imprescindible apoyar reformas en los países receptores de inversiones que se traduzcan en una mayor transparencia en la toma de decisiones y en una mayor consideración del impacto social y medioambiental de estas inversiones. Es necesario disponer de un código internacional de conducta que obligue tanto  a inversores como a Gobiernos de países receptores de estas inversiones, y que priorice la transparencia en las negociaciones, el respeto por los derechos locales sobre la tierra, incluyendo aquellos basados en la costumbre y la práctica tradicional, el reparto equilibrado de los beneficios que traen estas inversiones; la sostenibilidad medioambiental y el respeto y coherencia con las políticas comerciales y agrícolas nacionales. Iniciativas como las Directrices Voluntarias para una Gobernanza Responsable de la Tierra y Otros Recursos Naturales, que se están elaborando por parte de FAO; o el Marco y Directrices de Política de Tierras de África que se están elaborando por la Unión Africana, la Comisión Económica para África de Naciones Unidas y el Banco Africano de Desarrollo, van justamente en ese sentido. Un código de conducta internacional necesita, además, de leyes internacionales y nacionales y mecanismos que aseguren su cumplimiento efectivo, tanto en el país receptor de la inversión, como en aquel del que procede. Sólo la existencia de tales mecanismos y garantías, así como la implicación de la sociedad civil, de los medios de comunicación y de las poblaciones locales, hará posible maximizar los beneficios y oportunidades de estas inversiones en tierras.

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Referencias

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www.pdf24.org    Enviar artculo en formato PDF   


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