Las implicaciones del rescate bancario para las políticas públicas. La Bancarrota de la Economía Española (en cinco actos)

03 octubre 2012 | Autor:admin

Por Rodolfo Rieznik (Profesor de Economía. Economistas sin Fronteras)

Primer acto: la Gran Recesión

En el mes de julio de este año, después de negarlo reiteradamente, el gobierno español resolvió solicitar a Bruselas, a “la Troika” (FMI, Unión Europea y Banco Central Europeo), el Rescate Bancario. Es decir, fondos económicos, ayuda financiera para evitar la quiebra de las instituciones bancarias españolas atrapadas en la Gran Recesión de la economía española.

La Gran Recesión  de la economía mundial se inició en el año 2007 en EEUU a partir de las hipotecas de alto riesgo llamadas “subprime”. Los efectos de esos impagos de créditos se convirtieron en debacle financiera y “cruzaron” rápidamente el atlántico impactando de lleno en  la principal zona económica del mundo: la Unión Europea. Las economías de los países avanzados se paralizaron, entraron en recesión. En el año 2009 la economía mundial cayó un  0,6%  un 3,6%.en los países avanzados.

Aún siendo la Unión Europea la mayor unión económica regional del mundo, porque es al mismo tiempo unión monetaria desde el año 2002, no es una unión fiscal, esto es, no es una “comunidad de gasto público”.  Los países son soberanos en la formulación de las políticas públicas, tienen autonomía para endeudarse[1] y financiarse emitiendo bonos.

Este ha sido el “talón de Aquiles” de la Unión Europea. Aunque existe una eurozona, integrada por los países que han asumido como moneda el euro,  los  “mercados”[2] a partir de la “Gran Deuda” surgida de la “Gran Recesión” comenzaron a diferenciar el precio, —tipos de interés,— de la deuda pública según los países emisores.

Los estados emiten deuda a distinto plazo de tiempo y la colocan en el llamado mercado primario a través de subastas de tipos de interés. Los inversores en deuda proponen volumen de deuda que quieren comprar y tipos de interés que están dispuestos a pagar y el estado adjudica en función de las ofertas recibidas y de las necesidades de financiación que tiene en el momento de la subasta. La Europa periférica, los conocidos como los PIGS (Portugal, Irlanda, Grecia y España) empezaron, progresivamente, a pagar por la deuda nueva, de mediano plazo, entre un 3 a 6% más que Alemania.

España es uno de los eslabones débiles de la Unión Europea. La economía española no es industrialmente sólida y competitiva en relación al resto del mundo desarrollado y emergente, en particular, de los países asiáticos. Sí lo es en servicios, singularmente el turístico, y había sostenido en estos últimos años su crecimiento en la construcción inmobiliaria facilitada por el crédito barato, la liberalización del uso del suelo y la moneda única[3].

El peso más que proporcional de la construcción en la economía española ha sido así desde la entrada en la Unión Europea (año 1986), primero, y en el euro (año 2002) después. El boom se manifestó inicialmente en la construcción de infraestructuras y en la residencial a posteriori. La construcción de infraestructuras públicas asociadas a la entrada de España en la Unión Europea se financió con fondos europeos de “cohesión” y evitó que el estado  español se endeudara[4]. En cambio el boom de la construcción residencial se sustentó en la liberalización del suelo y en la financiación privada bancaria facilitada por los bajos tipos de interés vigentes y la desregulación financiera.

La Banca Española, de tradición minorista[5], se incorporó a este proceso apalancando al sector de la construcción residencial en exceso, esto es, más allá de las reglas de la prudencia financiera al uso. La explicación del porqué se asumió ese riesgo es sencilla: la inversión en ladrillos daba beneficios extraordinarios.

Segundo acto: de la Gran Recesión al  Rescate Bancario

La Gran Recesión pasó especial factura a la Banca Española porque recibió el impacto directo de la crisis en una triple dimensión: en primer lugar, porque se frenó en seco la subida de los precios de los terrenos que era dónde se había concentrado la especulación inmobiliaria. El parón de precios de los pisos por la recesión pilló a los “promotores” inmobiliarios (las inmobiliarias y los propios bancos) con créditos otorgados (crédito promotor) para la compra de terrenos, pero sin construir y sin vender los futuros pisos y, por tanto, con los préstamos sin amortizar. En segundo lugar, porque el incremento del paro llevó a muchos titulares de créditos de viviendas terminadas a no poder seguir pagando las hipotecas. Y por último porque la recesión supuso una ruptura en la cadena de pago de la economía que hizo crecer la morosidad bancaria[6].

Según estimaciones (aquí la información no es nada transparente) el saldo vivo del crédito  vinculado al ladrillo es de aproximadamente 300 mil millones de euros (30% del PIB) ¿Cuánto de esta cifra es incobrable? La información disponible es poco clara y difiere según quien informe: gobierno, bancos, auditoras, etc. Hay, obviamente, interés por engordar o adelgazar la cifra de impagos según sea el coste de las ayudas que recibirán los bancos. Estas van desde la asunción total de parte de las pérdidas a desembolsos, sin coste, de capitalización de las entidades financieras, pasando por la compra sin reducción de la cartera de morosos por un “banco malo” al otorgamiento de avales para la emisión de obligaciones pasivas  de los bancos.

No obstante, los eufemísticamente llamados “activos tóxicos” llevaron a la inviabilidad comercial a muchas entidades financieras, especialmente las cajas de ahorro que habían entrado de lleno en la especulación inmobiliaria[7]. El problema de la quiebra bancaria se agravó aún más porque, en el afán de no perder cuota de mercado, la banca en general, —cajas de ahorro incluidas,— se endeudó en la eurozona para obtener financiación complementaria. La deuda  “externa” de la banca española se estima alcanza un 40% de la deuda externa total de España que a fines de 1996 suponía el 165% del PIB español. Además, en la misma línea de captar más recursos, más pasivo para poder seguir prestando, promovieron “productos” engañosos como las participaciones preferentes[8], entre clientes minoristas que creían estar colocando sus ahorros de forma segura.

El resultado final fue que la recesión económica encontró al sector excesivamente apalancado, con caída violenta del negocio y bordeando, una porción importante del mismo, la quiebra contable. Ocho entidades financieras tuvieron que ser intervenidas y nacionalizadas  Desde 2009 se han aprobado cinco reformas financieras y se forzaron dos etapas de fusiones bancarias. Las últimas dos en un plazo de tres meses entre febrero y mayo de 2012. Las cajas de ahorro casi han desaparecido. En el año 2009 había en España 44 cajas de ahorro y en febrero de 2012 sólo quedaban nueve, y cuatro de ellas nacionalizadas. La desaparición tiene un impacto social adicional profundo en la crisis económica en curso porque destinaban parte de los beneficios a proyectos de interés comunitario vía las obras sociales correspondientes. Y también porque prestaban un servicio financiero minorista en pequeñas localidades, pueblos y comarcas donde la banca privada tradicional no llegaba.

Sin embargo, las reformas no son tales, sucede como en las llamadas reformas estructurales promovidas por el gobierno que se limitan a ajustes y recortes, en el caso de las reformas financieras se trata básicamente de decretos gubernamentales para inyectar capital y fortalecer el balance para que las entidades financieras no quiebren. En la primera se creó el FROB, Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. Institución Bancaria encargada de capitalizar (si es mayoritario, de nacionalizar) los bancos quebrados y/o en crisis.

En julio de 2012, Bankia, la antigua Caja de Ahorros de Madrid, la cuarta entidad financiera por volumen de activos, colapsa y tiene que pedir más ayudas públicas para sobrevivir  De cifras en el entorno de las 4,5 mil millones de euros en abril de 2012,  Bankia pasa a necesitar, para recuperar el equilibrio contable, dos meses más tarde, unos 20 mil millones. La situación se precipita y el gobierno resuelve solicitar una ayuda completa de 100 mil millones para afrontar, lo que el gobierno entiende,  es el saneamiento de una sola vez de toda la Banca Española. La demanda de los 100 mil millones tiene consecuencias inmediatas más allá de su costo financiero directo: implica someterse a estrictas condicionalidades de política económica.  Bruselas exige formalizar la ayuda en forma de rescate para poder documentar los compromisos a los que se obligaba el gobierno español por recibir la correspondiente ayuda financiera.

¿Necesitaba Bankia 20 mil millones y 100 mil millones el conjunto del sistema financiero español para ser rescatado?  Los 100 mil millones surgen de auditorias “independientes”  hechas deprisa y corriendo y que sólo sirvieron para cuantificar tramos de créditos que, en lenguaje bancario tradicional del sector, se califica de dudoso cobro según plazo de impagos de sus cuotas de amortización. Para concluir que realmente son créditos fallidos habría que hacer un trabajo más exhaustivo y meticuloso. Los más problemáticos de recuperar están concentrados en las cajas de ahorro ahora nacionalizadas de Madrid, Barcelona y Valencia: unos 75,0 mil millones. Las exigencias de reforzamiento del capital propio a través de un incremento de dotaciones contra beneficios y amortizaciones de los créditos habrían logrado sanear en un 50% de los balances bancarios. Queda aún la otra mitad.

Independientemente de la cifra final, el rescate del sistema financiero español es escandaloso porque se hace con recursos públicos a través de avales indirectos a la deuda, inyecciones directas de capital y de compra y traspaso a un “banco malo” de capital público del crédito inmobiliario definitivamente incobrable. Es decir un rescate en toda la regla del capital, del capitalismo español, no de la economía española, con dinero del contribuyente, de la mayor quiebra económica y financiera en la historia de España. El gobierno español socializa la quiebra después de que distintas fracciones de la oligarquía capitalista se apropiasen anticipada y privadamente de los beneficios de un negocio que irremediablemente se sabía terminaría colapsando.

Tercer acto: del Rescate Bancario a la Gran Deuda, el equilibrio presupuestario y  los recortes sociales

En cualquier caso, ese salvamento, por la pertenencia de España a la moneda única, necesitaba el concurso financiero de la Unión Europea[9]. Éste se materializa en julio de 2012 con la firma de un MoU (acrónimo de Memorandum of Understandig) en el que se  fijan las condiciones[10] para su desembolso y  se establece la “hoja de ruta” del ajuste presupuestario que Bruselas obliga, y el gobierno acepta, para el bienio 2013-14. Este plan bianual, que es una actualización más restrictiva[11] de los presentados dos meses antes en ocasión de la formulación y aprobación de los presupuestos generales de 2012, es el mayor golpe y ataque conocido a las conquistas de los trabajadores y beneficios sociales en España.

Cuando la Gran Recesión llegó con fuerza a España en el año 2009 la deuda pública era de las más bajas de la Unión Europea. No así la deuda privada, de la banca y cajas de ahorro que, como ya comentamos, había pedido prestado dinero a la eurozona a efectos de ganar más cuota de mercado en el negocio del crédito inmobiliario.

El freno en seco del crédito, en especial el que financiaba y otorgaba liquidez a la entidades financieras españolas —el interbancario y el de obligaciones, es decir, deuda de los bancos, no a los bancos— bloqueó, consecuentemente, el acceso al crédito al sector de la construcción, promotores especulativos (inmobiliarias, muchos de ellas, creadas y/o participadas por los propios bancos) y particulares afectando y paralizando más a la economía española en su conjunto.

En 2009, el gobierno del PSOE intentó contrarrestar la crisis y la recesión estimulando el ciclo económico por dos vías: por un lado otorgó garantías directas e indirectas al sector financiero, a los bancos y, por otro, incentivó políticas compensatorias de gasto público. Se lanzó el llamado plan E para dar empleo rápido, fundamentalmente  a parados del sector de la construcción en corporaciones locales, financiando proyectos de sencilla formulación (reparación de calles y aceras, instalación de mobiliario urbano, etc.). El plan inyectó unos 15 mil millones de euros.

Pero en Mayo de 2010, intimidado por Bruselas, el gobierno de Zapatero da un viraje de 180º y anunció un programa de recortes presupuestarios en el que, por primera vez en la historia económica de la democracia, se bajaron los salarios de los empleados públicos entre el 5 y el 7%. Incluso asumió el compromiso de ser el primer país de la Unión Europea con Bruselas en garantizar constitucionalmente el concepto de equilibrio presupuestario proponiendo y aprobando en el año 2011, con el consenso del PP y  en tiempo record, una reforma constitucional ad hoc[12]. Se garantizaron los depósitos hasta 100 mil euros, se creó el FROB —Fondo Rescate Bancario—  para inyectar capital a la Banca con dificultades para cumplir con los ratios de solvencia bancaria y se otorgaron avales públicos a las emisiones de pasivos bancarios (financiación para la Banca).

Los incentivos a la banca y a la economía señalados más arriba comenzaron  a incrementan el déficit presupuestario y por consiguiente la deuda pública. La recesión, a su vez,  aumentó el gasto social en ayudas no contributivas y redujo el pago de impuestos directos e indirectos por menor consumo y menos beneficios empresariales que termina también repercutiendo otra vez en el déficit y en la deuda. En los últimos 5 años la deuda pública española pasó de 382,9 miles de millones a 739,0 miles de millones de euros. En términos porcentuales sobre el PIB pasó del 36,3% al 68,5%[13].

En España la deuda no era, ni es aún, excesiva en comparación a otros países, pero el déficit desde la Gran Recesión creció más rápido que la economía. El capítulo de gasto público que más subió es el de los intereses de la deuda pública. Como se pretende llegar a un equilibrio total de ingresos y gastos (déficit estructural —sin gastos financieros— cero) el crecimiento más que proporcional de los gastos financieros es simultáneamente la reducción de otras partidas presupuestarias, en particular la de gastos de personal: salarios y empleo público, el de pensiones, de subvenciones, subsidios a parados y familias, el de gastos y derechos sociales en general en la educación, la sanidad y la cultura.

Bruselas venía exigiendo recuperar la meta del 3% de déficit público desde 2009, el año en el que la Gran Recesión se había manifestado de manera generalizada en las economías desarrolladas y todos los países habían aumentado los déficit públicos, especialmente  por el gasto incrementado de subsidios a desempleados e incentivos, avales, garantías e inyecciones de dinero al sector financiero.

En el año 2011, el PSOE teniendo en cuenta la previsible derrota en las elecciones generales de noviembre, no presenta los presupuestos de 2012. El PP asume en diciembre de 2011 con el objetivo estratégico de que la política económica es el saneamiento de las cuentas públicas. Para cumplir con el objetivo de Bruselas de 3% de déficit para 2013 era necesario recortarlo en más de cinco puntos porcentuales en dos años. Teniendo en cuenta que el PIB español, en 2011,  estaba en el entorno del billón de euros, ese porcentaje suponía, aproximadamente, 50 mil millones de euros. Después de un ajuste inicial a principios de 2012, por desviación, según el PP, del déficit de 2011, en dos puntos, realiza dos “vueltas de tuerca” adicionales mas: el primero en ocasión de la presentación de los presupuestos de 2012 en marzo y otro cuando la solicitud del rescate bancario en julio[14].

La magnitud de ayuda del rescate bancario hace más exigente a Bruselas que pide más concreción. El Gobierno termina cuantificando, en euros, las cifras de la reducción presupuestaria propuesta: 102.956 millones, distribuidos en 13.118 para este año, 38.956 en 2013 y 50.075 en 2014[15], es decir: más de lo pedido por Bruselas. Una brutalidad, equivalente por ejemplo al 90% del gasto en pensiones del año pasado. El Gobierno del PP multiplica en mayor medida los recortes ya impuestos por el gobierno del PSOE en el 2010 y 2011[16].

En realidad el plan de ahorro presupuestario es una combinación de mayores ingresos, subidas de impuestos directos e indirectos, con menores gastos y derechos sociales. El PP, aún cuando defendió el concepto de bajar impuestos, subió el IVA, el IRPF, el IBI[17] y la imposición al ahorro. Por el lado de los gastos, las rebajas más importantes y dramáticas están en la supresión de la paga extra (un 7,1% del salario) de diciembre de 2012 a todos los trabajadores dependientes de los presupuestos del estado[18] y en la supresión de una serie de derechos de asistencia social y sanitaria a jóvenes, inmigrantes, parados y pensionados[19].

Todo el planteamiento de la austeridad es un ataque en profundidad a la línea de flotación de los sectores más débiles y vulnerables de la sociedad. La capacidad adquisitiva de la población trabajadora ha sido castigada por tres vías: por pérdida de empleo, por bajada de salarios y por las subidas del impuesto a la renta y a los productos de primera necesidad.

Cuarto acto:  el círculo perverso de la deuda y los recortes

Ahora bien, los enormes ajustes, muchos de ellos ya implementados, como ya hicimos hincapié, deprimen más rápida y violentamente la actividad económica y profundizan la recesión de la economía: el consumo está paralizado por la caída de los ingresos y el paro creciente[20] y por la falta de crédito[21]. Las empresas no invierten ante el desolador panorama de la caída de las ventas y el no acceso a la financiación bancaria[22]. Para el corriente año y el próximo 2103 el propio gobierno calcula una caída del producto interior del 1,7% y del 0,5% respectivamente.

La política económica de austeridad y ajustes de gasto impuesta tanto por gobierno como por  Bruselas (la Troika), y bajo presión particular de Alemania y los países de la Europa del norte conduce inevitablemente a que se eternice en un círculo vicioso la recesión de la economía: menor actividad lleva a menos recaudación y subsecuentemente a más recortes. La Unión Europea no autoriza la monetización[23] del déficit público de los países en dificultades de refinanciación de deuda[24]. Argumentan que la normativa de la Unión Europea no permite al BCE cumplir con la función de prestamista de última instancia,  como es tradición de cualquier Banco Central de un país. Tampoco autoriza la emisión de una deuda pública cooperativa y mancomunada, mutualizada, del conjunto de los países de la Unión Europea. Los eurobonos serían más difícil de manipular por los especuladores en los mercados[25].

Además, no se implementan medidas tendentes a reducir la presión especulativa sobre la deuda como  es la de controlar a los agentes que operan en los mercados secundarios en posiciones a “corto”, es decir vendiendo deuda prestada a la espera de que la devaluación del precio les deje enormes beneficios al momento de su devolución. Es decir, restringir operaciones a crédito por la insolvencia y el riesgo sistémico que generan.  Argumento más que razonable en el mundo mercantil. Si la especulación sobre la deuda se redujera habría simultáneamente menos presión al recurso del recorte compensatorio del gasto público y los beneficios sociales.

Algunos apuestan a la ruptura del euro como una alternativa. Esta tendría efectos económicos y sociales catastróficos. El objeto de salirse de la moneda única sería recuperar soberanía monetaria, de emisión y de cotización de la misma (tipo de cambio). Ahora bien, la finalidad principal sería devaluar la nueva moneda para recuperar competitividad y generar un superávit externo de balanza de pagos. Sin embargo, la devaluación produciría un shock inicial inflacionario y recesivo por aumento de precio de las importaciones y de contracción de la actividad por caída del consumo y la inversión. Además, el país quedaría comprometido con una deuda nominada en divisa fuerte lo que agravaría el compromiso de servicio de la misma (pago de cuotas de amortización e intereses). Finalmente, la ruptura del euro y las devaluaciones competitivas llevarían de inmediato a cuestionar la integración productiva, financiera y comercial de la Unión Europea. Esto es, tendría un efecto “dominó” inmediato sobre la Unión Europea y luego sobre el conjunto de la economía mundial.

No obstante, la política económica en vigor lleva a lo mismo, pero por otras vías. En un marco de cambios institucionales neoliberales drásticos (reforma laboral) se busca recomponer el beneficio empresarial, recuperar tasas de rentabilidad  capitalista para la economía española sobre la base de abaratar, devaluar de manera violenta los costes directos (salarios) e indirectos (beneficios sociales) de la actividad económica. En paralelo, para facilitar el acceso al crédito de las empresas y a la inversión, se sanea el sistema financiero quebrado con dinero del contribuyente. El gobierno confía en que el círculo vicioso de recortes, caída del consumo y recesión provocado por esta política económica se contrarreste con flujos de ahorro externo generados por una mejora de la competitividad de la economía española a través del aumento de las exportaciones. La apuesta de hacer pivotar la salida de la crisis en la competitividad externa de la economía, en cualquier caso, más que arriesgada,  es inviable, porque la “austeridad” en vigor propugnada por Bruselas afecta al conjunto de la economía de la Unión Europea y no existe la “locomotora europea”.

Quinto acto: los mercados financieros dictan la política económica

La recesión y el equilibrio presupuestario es el órdago de los mercados financieros a la crisis. Estos, ni elegidos ni votados por nadie, sólo sometidos a sus propias leyes internas de rentabilidad capitalista y lucro financiero parasitario imponen alternativas de política económica que castigan severamente a los sectores más débiles e indefensos de la sociedad. España y la Unión Europea han asumido el envite de los mercados. Mientras que los recortes hunden en la miseria a amplios sectores sociales cuya subsistencia es dependiente de esas rentas o gastos sociales[26], fracciones del capital, especialmente financiero y otros sectores de altos niveles de renta se ven favorecidos por ayudas financieras de todo tipo: fondos de rescate, avales, garantías, amnistías fiscales, etc. La suma de estos  triplica la de los recortes y ajustes económicos. En el ámbito de lo que eufemísticamente el Gobierno ha llamado reformas estructurales, todo lo que se ha hecho es liquidar conquistas históricas de los trabajadores y de la población de menores recursos, incluidos los emigrantes, en materia derechos laborales, de acceso a las pensiones, a la  sanidad, a la educación y a la cultura. En la cooperación y ayuda al desarrollo los tijeretazos han sido escandalosos porque prácticamente han desaparecido los fondos para financiarla. El estado se “retira” de la cooperación al desarrollo dejándola en manos de la sociedad civil vía del aporte voluntario a fines sociales dispuesto en las declaraciones de IRPF[27].

Las organizaciones sociales, una gran parte del mundo académico, los sindicatos, los movimientos sociales, las plataformas de economía críticas; esto es, la mayoría de las organizaciones e instituciones que representan a la sociedad civil están contra la austeridad, los recortes y los ajustes que ponen en peligro de desaparición el llamado estado del bienestar, esto es de conquistas sociales en materia de rentas, pensiones, educación, sanidad, cultura y cooperación.

Aún cuando parte de la soberanía de los estados ha sido transferida o cedida a la Unión Europea no hay impedimentos institucionales insalvables como para implementar ya políticas que reviertan la destrucción del estado del bienestar en curso.

Tampoco hay argumentos insalvables en contra de una gestión inmediata y democrática de las políticas económicas, en particular de las de gasto social y servicios públicos. Incluso la formulación de las políticas y la regulación de los mercados monetarios. No sólo porque una parte importante de las instituciones financieras, de España y de Europa, ya están nacionalizadas y/o sostenidas, garantizadas y avaladas con dinero del contribuyente, sino por la sencilla y comprensible idea de que el dinero de curso legal es una suerte de bien público, cuya emisión es monopolio natural del Estado.

La bancarrota de España es el paradigma de la crisis mundial, en particular en los llamados países desarrollados. La Unión Europea, el más completo proceso de integración capitalista de la económica moderna: libre circulación de productos, de personas, de servicios y con moneda única, saltó por los aires ante el embate del derrumbe financiero desatado a partir del 2007 en Estados Unidos. Se pensaba que la unificación de mercados y una moneda común alcanzaban para mantener la tasa de rentabilidad de la economía capitalista en un mundo altamente globalizado. Y se ha revelado como insuficiente para preservar las leyes del capital. El capital se expresa a través de los mercados castigando la “prima” de riesgo de los países más débiles del euro. El correctivo de los mercados plantea la posible salida de Grecia y de España del euro (incluso de Italia). Esto rompería la unión monetaria y  tendría un efecto dominó sobre el resto de acuerdos de integración europea llevando al colapso definitivo de la Unión Europea y a continuación de la economía mundial. Hay miedo a que esto suceda y los gobiernos europeos aceptan el reto de los mercados respondiendo con la urgencia de la austeridad presupuestaria y los recortes de derechos sociales y más cesión de soberanía al centro capitalista pensando que la federalización definitiva de Europa —unión fiscal y bancaria— puede salvarla.

 


[1] La incorporación al euro supuso cumplir con los criterios  —de convergencia— establecidos para cuatro variables: tipo de interés, inflación, déficit público (3% PIB) y deuda (65%  del PIB)

[2] Los mercados tienen nombre y apellido. No todos los que operan en los mismos tienen la misma capacidad operativa. Hay grandes “traders” que son capaces de imponer precios (o tipos de interés) a partir del volumen de deuda y operaciones que controlan.

[3] La construcción en zonas turísticas de la costa española es la que más ha crecido entre el 93 y el 2007.

[4]Al entrar en la Comunidad Europea, España se hizo acreedora de Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión que son instrumentos financieros dirigidos  a reducir diferencias de desarrollo entre los Estados miembros y las regiones

[5] La banca minorista es la tradicional, con un “mostrador” que capta depósitos de ahorro y otorga créditos a clientes particulares: familias y empresas para inversión en consumo y/o proyectos. La mayorista o de inversión es la que desarrolla y estructura productos financieros complejos y tiene como clientes a inversores institucionales y/o grandes patrimonios que invierten más en rentabilizar la liquidez patrimonial que en proyectos de la economía real.

[6] La morosidad bancaria ha crecido hasta casi el 9% en 2012. La más alta de los últimos 18 años.

[7] Las Cajas de Ahorro financiaron gran parte de la construcción de 2da residencia en las zonas costeras y turísticas de España.

[8] La mayoría de las personas que compraron obligaciones preferentes (muchos jubilados y ahorradores minoristas de escasos recursos) no sabían que lo que suscribían eran acciones; esto es capital permanente sin derecho a devolución. Es decir,  los engañaron: pensaban que constituían depósitos a plazo fijo y se encontraron entregando sus ahorros a los bancos sin obligación de devolvérselos. En total se han colocado unos  4,5 mil millones  de euros a 130.000 ahorradores.

[9] Los 100 mil millones para el  rescate o se obtienen de “agentes” privados o se financian con el concurso de un banco central que compra la deuda. España pertenece al euro, el Banco Central es el Banco Central Europeo y Alemania no acepta que éste compre deuda directamente a los estados miembros.

[10]  El MOU firmado en julio somete la ayuda financiera a un estricto cumplimiento de medidas en el ámbito bancario, de supervisión financiera, de objetivos macro de déficit y de reformas, principalmente tributarias y laborales.

[11] Por dilatar el compromiso de llegar al 3% de déficit público en un año, al 2014, el gobierno “ofreció” a Bruselas más recortes.

[12] En agosto de 2011 se reformó la constitución introduciendo el principio de estabilidad presupuestaria, déficit cero, y en abril de 2012 se actualiza la Ley de Estabilidad Presupuestaria a ese principio obligando no sólo a la Administración Central sino también a la Autonómica a topes de déficit y deuda.

[13] En el Reino Unido, Francia es de casi el 90% y en Italia superior al 100%.

[14] Entre los años 2000 y 2004 el déficit público no superó el 1% del PIB y entre ese año y el 2007, año de inicio de la crisis subprime, hubo superávit en las cuentas públicas. En el 2009 se alcanza un record del 11,2% y en 2011 con recorte ya en marcha no se baja del 8,5%.

[15] Parte sustancial del ajuste lo tienen que hacer las Comunidades Autónomas porque tienen transferidas las competencias en materia de atención sanitaria y educación.

[16] Los recortes del Gobierno del PSOE en el año 2010 fueron del orden de los 15.000 millones de euros. Los principales fueron en salarios a los empleados públicos (de media un 5%), no revalorización de las pensiones, supresión de la prestación por nacimiento, y de ayudas a la dependencia. Es decir  eliminó en la misma cuantía los estímulos que había propuesto un año antes.

[17] El IRPF es el impuesto a la renta y el IBI a los bienes inmuebles También y supuestamente para mejorar los ingresos, el PP aprobó una amplia amnistía fiscal para los defraudadores hasta finales de 2012.

[18] Los empleados públicos en dos años han perdido capacidad adquisitiva por bajada de salarios: un 11,7% y por aumento del impuestos (a la renta y del IVA) —para un salario medio de 20.000 euros es un 2% más—. Además, la inflación de entre un 2% a un 3% anual reduce aún mas la renta real.

[19] Además de las subidas de impuestos y recortes de gastos el gobierno aprobó una serie de reformas de carácter neoliberal, siendo la laboral la más importante porque facilita aún más el despido en términos administrativos y económicos (reduce drásticamente las cuantías indemnizatorias)

[20] La desocupación llega al 25%  de la población activa y afecta al 50% de los jóvenes menores de 25 años.

[21] Los aumentos del IVA deberían repercutir en los precios, pero probablemente, ante la debilidad del consumo, las empresas buscarán compensarlo con una reducción de los costes laborales facilitados por la reforma laboral y la reducción de las cotizaciones a la seguridad social.  Y el consumo quizá se debilite menos de los que debería al repercutirse en productos de consumos básicos y necesarios cuya demanda es relativamente inelástica.

[22] En una crisis de deuda, sin acceso al crédito y desvalorización de la riqueza patrimonial, las familias y las empresas llevan el consumo y la inversión al mínimo a efectos de reducir el recurso al “el apalancamiento”, al endeudamiento,  al mínimo.

[23] Monetizar deuda es que el Banco Central Europea o bien compre deuda emitida en los llamados mercados secundarios a precios no especulativos (que afectan a la prima de riesgo) o que directamente suscriba las emisiones de deuda en los mercados primarios. Para ello sería necesario superar reticencias políticas más que impedimentos normativos de los tratados de la Unión Europea. La solución que se propone es que un Fondo Europeo (Mecanismo Europeo de Estabilidad —ex Fondo de Estabilidad Financiera—)  financiado por todos los países de la Unión Europea sea el que compre stocks de deuda.

[24] España con deuda en proporción al PIB relativamente baja refinancia vencimientos de deuda a largo plazo con un diferencial (prima de riesgo) de casi 6 % con Alemania. Lo que en largo plazo se hace insoportable porque ahoga el concepto de estabilidad presupuestaria y condena al país al recorte presupuestario permanente si la economía continúa en recesión.

[25] Si se emiten eurobonos, los especuladores no podrían diferencia el origen del emisor y no habría lugar para primas de riesgo de castigo. Quizá el coste de la financiación de los eurobonos sería un poco mayor para Alemania y los países que hoy se benefician tipos de intereses negativos.

[26] Los ajustes  en Sanidad son especialmente sangrantes para pensionados, jubilados  y emigrantes porque se quitan subvenciones a los medicamentos,  a la dependencia y se niega asistencia sanitaria a emigrantes que no tengan regularizados sus papeles.

[27] Genéricamente, los recursos para la cooperación al desarrollo en España son un mix entre créditos blandos a países en desarrollo prestatarios de esas ayudas, donaciones no reembolsables de gobiernos a gobiernos  e instituciones multilaterales y fondos de la sociedad civil recaudados a través de la aportación voluntaria de los ciudadanos cuando pagan el IRPF. En 2010 el Gobierno del PSOE recortó la Ayuda Oficial al Desarrollo en 600 millones y en los presupuestos de 2012 el PP lo hizo en 1580 millones. En términos de cálculo sobre PIB se reduce del 0,4% al 0,23%; esto es casi la mitad y se aleja definitivamente, del consenso del 0,7% al que debería haber llegado en el 2012.

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