PALESTINA: EL BOICOT ENTRA EN JUEGO

10 junio 2013 | Autor:admin

Foto: Manu Sánchez

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Andrés Domínguez Sahagún

La esperada dimisión del primer ministro palestino Salam Fayyad el mes de abril de 2013 ha vuelto a poner de manifiesto las crecientes presiones exteriores e interiores soportadas por la Autoridad Nacional Palestina desde su creación en 1994.

Durante los 6 últimos años al frente del gobierno palestino basado en Cisjordania, el llamado pragmatismo político de Fayyad se ganó una enorme popularidad entre los gobiernos occidentales. Su apuesta por la “Intifada Blanca”, su predisposición a acabar con cualquier tipo de resistencia violenta a la ocupación israelí y el liderazgo mostrado en la lucha contra Hamás venían de la mano de un discurso liberal que vaticinaba la creación de un futuro Estado palestino gestionado de manera eficaz y abierto a las inversiones extranjeras. Todo aparentemente correcto, incluso para Simón Peres y buena parte de la prensa israelí, que llegó a calificarle como el “Ben Gurión palestino”.

Su fama en el exterior explica su escasa credibilidad dentro de los Territorios Palestinos Ocupados. Los dos escaños logrados en las elecciones de 2006 por su partido Tercera Vía siguen siendo a día de hoy su mayor aval democrático. Las colaboraciones de su gobierno de facto con la CIA e Israel en aras de garantizar la seguridad de los segundos, su destacado papel en el golpe de Estado de junio de 2007 y las continuas claudicaciones a las presiones internacionales también han jugado en su contra. El simbólico triunfo que supuso la aceptación de Palestina como Estado observador en Naciones Unidas y el acuerdo de reconciliación alcanzado con Hamás en 2011 han resultado insuficientes para mitigar la indignación de una población que, asolada por la violencia de la ocupación israelí, ve en el movimiento islamista al legítimo abanderado de su lucha por alcanzar un Estado independiente.

La fractura entre la sociedad civil palestina y sus representantes se ha forjado a golpe de Intifada sofocada. Las demandas de la comunidad internacional en materia de seguridad, normalmente vinculadas a la concesión de fondos, han ido limitando el papel de las instituciones públicas palestinas al de gestores administrativos, y a veces militares, de la ocupación. Como consecuencia, la población palestina ha acabado percibiendo a sus líderes tradicionales como meros capataces de una plantación.

Con semejantes credenciales, el fiasco del proyecto de Fayyad parece entreabrir la puerta a un mejor entendimiento entre las distintas facciones palestinas, al tiempo que entorpece, al menos a corto plazo, las relaciones con el exterior. En medio de crecientes rumores sobre la posibilidad de una tercera Intifada, también expone los límites del impacto que cualquier tipo de estrategia palestina pueda tener para acabar con la ocupación. Ante la falta de resultados de las dos Intifadas anteriores y de cualquier tipo de resistencia (violenta y pacífica) a los ocupantes, Fayyad propuso una política diseñada a gusto de Occidente y fundamentada en la mejora de la gobernabilidad, la seguridad y el desarrollo capitalista, con miras al establecimiento de un Estado palestino independiente a finales de 2011.

Pero tampoco cuajó. Las distintas estrategias palestinas para establecer su Estado han ido dándose de bruces con la evidente falta de voluntad política de los gobiernos israelíes por llegar a cualquier tipo de acuerdo basado en la legalidad internacional, ya sea entendida como la suma de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en torno al conflicto árabe-israelí, o como el cumplimiento de las distintas Convenciones de Ginebra que Israel no ha llegado a firmar.

La Operación Plomo Fundido de 2009 en la que murieron 10 israelíes y más de 1.400 palestinos constituye la más reciente muestra de la enorme diferencia de poder y autonomía política que separa a ambos pueblos. Este desequilibrio de fuerzas ha malogrado las variopintas estrategias de emancipación palestinas, ya sean de naturaleza colaboracionista o revolucionaria. La superioridad militar del Estado sionista y sus sólidas relaciones con Occidente también le han permitido implementar un continuo proceso de judeización de la Palestina histórica que desde 1948 ha necesitado de la perpetración de crímenes de guerra y la violación sistemática de los derechos humanos de la población palestina. La limpieza étnica acometida por Israel en 1948 y descrita con detalle por los historiadores israelíes Ilan Pappé y Benny Morris, entre otros, significó la expulsión de más de 700.000 palestinos de sus hogares.  Con ello, Israel se aseguró una superioridad numérica de emigrantes que permitiría construir un Estado nación mayoritariamente judío. A lo largo de los últimos 65 años, el gobierno israelí ha perfeccionado los métodos de control étnico tanto dentro de su Estado como en los Territorios Palestinos Ocupados, haciéndolos más sutiles y más digeribles por la opinión pública internacional. La destrucción de casas, pozos de agua y campos de olivos, la expropiación forzosa de tierras y recursos naturales, las restricciones sobre el comercio y la movilidad forman parte del día a día de las personas palestinas y son semanalmente documentadas por multitud de organismos observadores, Naciones Unidas entre ellos.

En este contexto, los tenues cambios sociopolíticos acaecidos en el seno de la potencia ocupante tienen bastante más impacto en la vida de la población palestina y en el devenir del conflicto que las escuálidas políticas de contención impulsadas por la ANP.

Sorprende por ello el escaso eco mediático de los resultados arrojados por las últimas elecciones legislativas israelíes, celebradas el 22 de enero de 2013. La victoria de la derecha, en el poder desde 2001, y las tradicionales dificultades del gobierno para alcanzar la mayoría absoluta en la Knesset han pasado de puntillas sobre las portadas de nuestros periódicos invernales. Tampoco ha tenido mayor repercusión el reciente rechazo israelí a la enésima propuesta para retomar las negociaciones con la ANP, esta vez traída por Estados Unidos de la mano de John Kerry.

No obstante, la composición del actual parlamento israelí puede arrojar claves valiosas para entender la evolución de sus políticas en los Territorios Palestinos Ocupados y sus (cada vez menos) disimuladas reticencias a buscar una paz justa y duradera, tal como la definía la Resolución 242 del Consejo de Seguridad.

La radicalización del sionismo

En un sistema electoral con un único distrito nacional, el fragmentado parlamento israelí funciona como un fiel indicador de la evolución ideológica y étnica de su población. A pesar de la continua formación y disolución de partidos políticos, tras el fracaso de los Acuerdos de Oslo se puede apreciar un claro proceso de derechización del sionismo que se hace patente en discursos cada vez más favorables a la reconquista del Eretz Israel bíblico.  La vuelta a las fronteras de 1967, defendidas por el partido laborista israelí hasta bien entrados los años 90, o el estatus compartido de Jerusalén, son a día de hoy anatemas compartidos por la gran mayoría de la Knesset.

Esta radicalización responde a varios motivos. Aunque la caída del laborismo en la primera década del Siglo XXI sí puede atribuirse en parte al desencanto de su electorado con el fracaso de las negociaciones con los palestinos, el giro a la derecha responde en mayor medida a la evolución demográfica de Israel. El aumento constante de colonos en Cisjordania, hoy en torno al medio millón, y la mayor fertilidad de los matrimonios religiosos (superior a los 5 hijos por pareja) contrasta con la disminución del peso demográfico de las familias laicas y progresistas, menos interesadas en crecer y multiplicarse.

En las dos  últimas elecciones, el lugar reservado para la primera fuerza progresista, tradicionalmente laborista, ha sido usurpado por el centro laico pro-colonización (Yesh Atid, Kadima, Hatnuah) con más de medio millón de votos. Mientras, un coro de partidos de extrema derecha (ultra-religiosos, ultra nacionalistas o ambas cosas a la vez) continúa creciendo y adquiriendo mayor peso en la formación de cada nuevo gobierno.

El giro a la derecha iniciado con la elección de Ariel Sharon en marzo de 2001 se ha visto consolidado en estas últimas elecciones, por la victoria de la coalición Likud-Beitenu, formada por el Likud del primer ministro Benjamin Netanyahu, e Israel Beitenu, liderado por Avigdor Lieberman. El Likud aglutina al nacionalismo que nunca ha ocultado su deseo (ferviente) de anexionarse Cisjordania. Su primer ascenso al poder en 1977 recogió el desencanto de los judíos mizrahim (magrebíes y orientales) hacia la elite de izquierdas que había gobernado el país desde 1949. Tras el fracaso de la Cumbre de Taba en 2001, su disputada hegemonía se ha ido nutriendo tanto del escepticismo del votante medio israelí hacia cualquier tipo de acuerdo con los palestinos como del mencionado peso de los medio millón de colonos que pueblan hoy Cisjordania.

Por su parte, Israel Beitenu representa el ascenso de una nueva versión radicalizada de sionismo construido sobre las oleadas de emigrantes soviéticos llegados a Israel tras el derrumbe de la URSS. Tal como ocurrió con los mizrahim en los años 70 y con otros muchos grupos étnico-religiosos israelíes, los recién llegados se han agrupado en torno a un nuevo partido político que representa sus intereses y defiende su identidad judeo-israelí.  Su eslogan “sin lealtad, no hay ciudadanía” y su plan para el intercambio de población entre colonos y palestinos que viven en Israel muestran claramente sus reticencias a compartir calles y tiendas con sus vecinos.

El establecimiento de esta alianza se ha visto reforzado por el constante crecimiento  de los partidos de corte nacional-religioso, como “la Casa Judía” (11 escaños), Shas (11 escaños) o Yahadut Hatorah (7 escaños). Entre los tres doblan los votos recibidos por el laborismo.

La lucha contra el Apartheid

La consolidación de estas formas de sionismo de derechas tanto fuera como dentro de la Knesset, unida al apoyo que Estados Unidos y la Unión Europea han venido prestando a Israel en las últimas décadas, está acelerando el proceso de reclusión forzada de la población palestina ocupada en ciudades sitiadas y sin acceso a los recursos necesarios para sobrevivir sin ayuda externa. Al mismo tiempo, está permitiendo el aumento de la segregación social, educativa y legal de los palestinos que viven dentro del Estado Israel, a los que se les sigue prohibiendo alquilar y comprar el 93% de la tierra israelí.

Este cúmulo de discriminaciones, algunas explícitas por ley, otras aplicadas a través de órdenes militares justificadas por razones de seguridad, ha cimentado la instauración de un régimen de Apartheid en el que la condición de no-judío supone una merma más que considerable del ejercicio de los derechos humanos y políticos de la población palestina.

Ante la escasa capacidad de actuación de sus líderes y la permisividad mostrada por el Consejo de Seguridad de NNUU y la Unión Europea, en 2005 varias organizaciones de la sociedad civil palestina lanzaron un llamamiento a la comunidad internacional, gobiernos incluidos, para aplicar medidas de boicot, desinversiones y sanciones contra Israel de la misma forma que ya lo hiciera en los años 70 y 80 contra el régimen sudafricano.

Desde su nacimiento, la campaña de boicot económico, político, cultural y deportivo ha encontrado fuertes barreras dentro y fuera de los Territorios Ocupados. Dentro, la ruptura de los vínculos laborales que se han ido tejiendo entre ocupantes y ocupados implica el aumento de la vulnerabilidad de la población palestina, que en muchos casos depende de empresas israelíes. Esta vulnerabilidad se ha visto aumentada después de que la Knesset aprobara en julio de 2011 una severa ley que criminaliza el apoyo de cualquiera de sus ciudadanos al boicot, sean judíos o no.

Fuera, a la férrea oposición del lobby sionista y la consecuente desgana de los gobiernos occidentales hay que sumar el papel de los medios de comunicación occidentales que, salvo en casos de sangrante evidencia, tienden a retratar la Ocupación como el resultado de un conflicto entre entidades culturales opuestas condenadas a no entenderse.

Aun así, tras 8 años de existencia, la campaña de boicot, desinversiones y sanciones empieza a dar sus frutos. La temprana adhesión de los sindicatos y universidades británicas ha sido refrenada por la formación de redes de apoyo por todo el mundo. Este mismo mes de abril hemos visto cómo 12 ministros de la UE recomendaban replicar la decisión de los gobiernos de Dinamarca, Gran Bretaña, Sudáfrica y Holanda de etiquetar con un distintivo los productos producidos en los asentamientos israelíes. Si bien esta medida no constituye en modo alguno una prohibición a la distribución de dichos productos, sí implica la transformación de una retórica tradicionalmente contraria a la ocupación en actos de presión que, tal como solicitaba la sociedad civil palestina, permitan salvaguardar sus derechos humanos y políticos.

En los próximos años, la profundidad y solidez de este tipo de acciones gubernamentales dependerán en buena medida de la presión que ejerza la opinión pública internacional. Los mecanismos de boicot existentes permiten aumentar su influencia en instituciones y medios de comunicación con una eventual renuncia a consumir productos israelíes. Sin esta contribución de la comunidad internacional, el sueño de una paz justa para ambos pueblos parece condenado a continuar preso en otra tanda de frustrantes negociaciones que servirán de banda sonora a la última fase de la conquista de Cisjordania.

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