Derechos económicos, sociales y culturales. Derechos Humanos.

25 abril 2011 | Autor:admin2

El capitalismo actual, tal y como se ha desarrollado a lo largo del planeta, con el mercado mundial unificado como instancia única, con la mano invisible que decide quién muere y quién vive en el planeta, es en realidad un Killer Kapitalismus. Un término alemán: el capitalismo de la jungla que mata, que asesina.

Jean Ziegler, ex Relator Especial de la ONU para el Derecho a la Alimentación[1]

Podría utilizar multitud de ejemplos y escojo el del hambre. Todos los días en este mundo, según la FAO, cien mil personas mueren de hambre o a causa de sus consecuencias inmediatas. El año pasado, cada cinco segundos, un niño de menos de diez años moría de hambre. Y en 2006 también 856 millones de personas, una de cada seis, ha permanecido mal nutrida de forma grave y permanente. Las cifras indican que la pirámide  de víctimas aumenta. Y todo esto sucede en un planeta que, según la FAO, podría alimentar en condiciones normales, con 2.700 kilocalorías por día para un adulto normal, a doce mil millones de seres humanos. Y somos 6.000 millones. Es decir, a casi el doble de la población mundial actual. En esta matanza cotidiana del hambre no hay fatalidad alguna.

Una nueva generación de derechos humanos

 

Los derechos humanos son atributos inherentes a la persona, que nos pertenecen desde el momento en que nacemos, son realidades que se viven día a día en el proceso de conquistarlos, en el proceso de generar mejoras en la calidad y dignidad de vida de las comunidades. En las últimas décadas, la humanidad ha avanzado hasta entender a los Derechos Humanos como un todo que posibilita la existencia de los pueblos y de las personas en condiciones dignas, considerando los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales en condiciones de igualdad y estrecha interdependencia[2]. En consecuencia, la protección de todos estos derechos humanos, incluidos los económicos, sociales y culturales (DESC), son compromisos ineludibles para los Estados en virtud de un conjunto de  instrumentos que los consagran y regulan el papel del Estado como representante del pueblo y administrador de los bienes de la colectividad.

Fotografía: Antonio Pérez

Los DESC están reflejados en el Derecho Internacional por medio del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales[3] (PIDESC) de 1966 y otros tratados universales y mecanismos regionales[4], como las normas establecidas por organismos especializados como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Hasta la fecha, más de 150 países han ratificado el PIDESC y, por tanto, han aceptado la obligación de cumplir con los derechos económicos, sociales y culturales de sus pueblos. En 1985, con la intención de llevar un sistema de control parecido al del Comité de Derechos Humanos, se estableció el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales[5].

Por su parte, la Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la Malnutrición[6] reconoce la crisis alimentaria, que afecta especialmente a los países en desarrollo, donde viven la mayoría de las personas hambrientas y malnutridas del mundo. La eliminación de esta enorme injusticia es uno de los objetivos de la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo Social, cuyo artículo 1 subraya: “Todos los hombres, mujeres y niños tienen el derecho inalienable a no padecer hambre y malnutrición a fin de poder desarrollarse plenamente y conservar sus capacidades físicas y mentales”. El bienestar de los pueblos depende de la producción y distribución adecuada de los alimentos, para alcanzar la paz y la justicia, objetivo que exige la eliminación de la brecha entre países ricos y países pobres y la construcción de un nuevo orden económico internacional.

La Declaración sobre el Derecho al Desarrollo[7], después de más de una década de debates en el seno de las Naciones Unidas, es el principal instrumento jurídico que consagra el derecho al desarrollo como un derecho humano, porque, como precisa su artículo 1: “El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir en ese desarrollo y a disfrutar de él”.

La Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en junio de 1993 supuso un importante y decisivo eslabón en la cadena que representa la génesis del derecho al desarrollo. Así, la Declaración de Viena, tras subrayar en su párrafo 8 que “la democracia, el desarrollo y el respeto a los derechos humanos y de las libertades fundamentales son conceptos interdependientes que se refuerzan mutuamente”, dedica por entero el párrafo 10 al derecho al desarrollo: “La Conferencia Mundial de Derechos Humanos reafirma el derecho al desarrollo como derecho universal e inalienable y como parte integrante de los derechos humanos fundamentales”.

Por último, el informe final del estudio sobre la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos (derechos económicos, sociales y culturales), preparado en 1997 por El Hadji Guissé, Relator Especial de Naciones Unidas, recoge las violaciones de estos derechos y de los llamados derechos colectivos, tales como el derecho al desarrollo y a un medio ambiente sano. Su estudio hace referencia a algunas de las prácticas que han originado graves violaciones de los DESC y que continúan teniendo efectos muy negativos en el disfrute de los derechos de los individuos y de los pueblos: “Las más conocidas son esencialmente la esclavitud, la colonización, el apartheid y el expolio del patrimonio cultural del Tercer Mundo”. También denuncia las prácticas actuales que originan graves violaciones como la deuda externa, los programas de ajuste estructural, el deterioro de los términos del intercambio comercial, la corrupción, el lavado de dinero procedente del narcotráfico, las actividades fraudulentas de las compañías transnacionales, la explotación del trabajo ilegal y de los trabajadores migrantes…

Una de las recomendaciones esenciales del Informe Guissé fue la necesidad de promover medidas para prevenir las violaciones de los DESC, como por ejemplo preparar y adoptar un protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como el que ya existe con respecto a los derechos civiles y políticos: “Las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales deben ser declaradas crímenes internacionales de forma que estén, consecuentemente, sujetos a los principios de la jurisdicción universal y de imprescriptibilidad, para que puedan ser castigados en todo tiempo y lugar”.

En el año 2000, la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas fue aprobada por la mayor “concentración” de jefes de Estado de la historia. Ésta comprometió a los países (ricos y pobres) a que hicieran todo lo posible para erradicar la pobreza, promover la dignidad humana y la igualdad y alcanzar la paz, la democracia y la sostenibilidad ambiental. Estos dirigentes prometieron unir fuerzas para lograr que para el año 2015 o antes, se cumpliesen unos objetivos concretos de avance en el desarrollo y reducción de la pobreza. Cada uno de estos Objetivos puede estar directamente relacionado con los derechos económicos, sociales y culturales enumerados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículos 22, 24, 25 y 26) y otros instrumentos internacionales ya mencionados de derechos humanos.

La situación de los DESC en el mundo

Hoy los derechos humanos de carácter económico, social y cultural son papel mojado para la inmensa mayoría de la humanidad. Según los últimos informes de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, 840 millones de personas carecen de acceso a una alimentación nutritiva adecuada, cada hora más de 1.200 niños fallecen por causas evitables; 10 millones de niños mueren cada año antes de cumplir los 5 años; más de 1.000 millones de personas se ven forzadas a sobrevivir con menos de un dólar al día y unos 2.500 millones de personas con menos de dos dólares diarios. El gran escepticismo respecto a los DESC obedece a la sensación de impotencia o resignación frente a estas estremecedoras estadísticas que configuran el rostro de una inmensa herida global, en un sistema económico mundial que propicia, además, que los 500 individuos más enriquecidos del planeta detenten unos ingresos similares a los de los 416 millones de personas más pobres.

Las normas internacionales dicen que, utilizando el “máximo de sus recursos disponibles”, los Estados tienen la obligación de respetar, proteger, cumplir y promover los derechos humanos. Sin embargo, esta máxima aparece como una ironía en la realidad universal descrita. Tampoco los países del Norte, donde estos derechos se cumplen en cierta medida, carecen de responsabilidad en la impunidad que se cierne hoy sobre los DESC, puesto que en muchos países del Sur es muy relevante la persecución que puede imputarse a las transnacionales. Por ejemplo, las violaciones cometidas por las grandes empresas energéticas (petroleras, gasísticas, eléctricas…) a lo largo y ancho del planeta han sido denunciadas por las poblaciones que han sufrido el desplazamiento forzoso, privación de sus medios tracionales de vida y cultura y del derecho a la alimentación, sometimiento a trabajo obligatorio, destrucción del medio ambiente y conculcación de otros muchos derechos económicos y sociales. En demasiadas ocasiones los gobiernos occidentales optan por defender estos grandes intereses económicos, en detrimento de los derechos humanos.

Espacios a los que prestar especial atención por su importancia y vulnerabilidad:

–    Migración (derecho a la movilidad, derecho de asilo y refugio)

–    Derecho al trabajo digno (garantía de acceso de todos los grupos sociales)

–    Soberanía alimentaria (cambio del modelo económico y de producción para garantizar el acceso a los alimentos)

–    Pueblos indígenas (autonomía económica y cultural)

La posición de la sociedad civil

Los movimientos sociales comprometidos con la defensa de todos los derechos humanos consideramos que:

– La comunidad internacional debe exigir el cumplimiento de los DESC con el mismo énfasis que el respeto a las libertades políticas o de creencias religiosas.

– Debe fiscalizarse y enjuiciarse las recurrentes vulneraciones de los DESC.

– Debe reconocerse la condición de refugiadas a las personas víctimas de graves vulneraciones de los DESC que hayan tenido que abandonar sus países.

– Con la mirada puesta en concretar la construcción de ese Otro Mundo Posible planteado por el Foro Social Mundial, denunciamos un modelo económico, social, político y cultural (el capitalismo neoliberal) profundamente injusto e incompatible con los derechos humanos.


[1] Romero, Vicente: “El Orden Criminal del Mundo”. En Portada (TVE).

[2] La Declaración de Viena de 1993 reafirmó la indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos los derechos humanos.

[3] Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de la ONU en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entró en vigor el 3 de enero de 1976, de conformidad con el artículo 27. Su preámbulo señala: “Reconociendo que, con arreglo a  la Declaración Universal de Derechos Humanos, no puede realizarse el ideal de ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos”. El PIDESC busca establecer normas con mayor poder vinculante para los Estados en materia de los derechos económicos, sociales y culturales, fijando igualmente su contenido, alcance y limitaciones.

[4] Así, el Consejo de Europa, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización para la Unidad Africana (OUA) han creado sistemas de protección de los derechos humanos. En este sentido, en 1950 se adoptó la Convención Europea de Derechos Humanos, en 1969 la Convención Americana de Derechos Humanos y en 1981 la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos.

[5] Creado por el ECOSOC mediante Resolución 1985/17 del 28 de mayo de ese año; este órgano de supervisión cuenta con 18 expertos independientes de los Estados, con mayor autonomía y experiencia.

[6] Aprobada el 16 de noviembre de 1974 por la Conferencia Mundial de la Alimentación y que hizo suya la Asamblea General de la ONU en su Resolución 3.348 (XXIX), de 17 de diciembre de 1974.

[7] Adoptada por la Asamblea General de la ONU en su Resolución 41/128, de 4 de diciembre de 1986. Un hecho significativo es que contó con el voto en contra de Estados Unidos y con la abstención de ocho significativos países de la órbita occidental: Dinamarca, República Federal Alemana, Reino Unido, Finlandia, Islandia, Suecia, Japón e Israel. A pesar de ello, obtuvo el voto favorable de 146 estados, entre ellos España.

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