Gobierno Mundial

25 abril 2011 | Autor:admin2

En los actuales tiempos de mundialización uno de los aspectos críticos en la gestión de los asuntos públicos tiene relación con los procesos de toma de decisión en los llamados asuntos globales. La creciente toma de conciencia de las interrelaciones existentes en las causas de la pobreza mundial, en el deterioro del medio ambiente o en las cuestiones energéticas, por poner tres ejemplos, convierten a los estados-nación en instituciones insuficientes para “gobernar” asuntos fundamentales.

El actual entramado institucional internacional es aún heredero directo de los acuerdos tomados tras la II Guerra Mundial, formado sustancialmente por la ONU, las instituciones derivadas de Bretton Woods (BM, FMI, y últimamente la OMC), y las instituciones penales internacionales herederas de los juicios sumarios contra los perdedores en dicha guerra. Como tales herederas, todas las instituciones están recorridas por dos lógicas que pueden considerarse casi como agotadas: de un lado la distribución del voto o la capacidad de vetar las decisiones más importantes en manos de los países vencedores, y de otro lado, la persistente lógica intergubernamental de los diferentes asuntos que obliga a mantener negociaciones que enfrentan los intereses de algunos países con los intereses generales o mundiales. Los llamados asuntos globales exigen de forma urgente la concertación de normativas y regulaciones a numerosos procesos clave para los países, desde el establecimiento de los Derechos Humanos fundamentales hasta los principales modelos industriales y energéticos. El mundo del siglo XXI debe afrontar los retos derivados de construir espacios e instituciones para el “gobierno mundial” defensores de las garantías y basados en la participación ciudadana democrática.

Estructura básica del actual sistema multilateral

El sistema de Naciones Unidas (ONU)

Galería de makeroadssafe

El sistema de las Naciones Unidas representado en la ONU ha realizado una función primordial desde su aparición como tal en 1944. Supone una representación de la existencia de diversas razas y culturas, y se ha erigido en el único espacio donde, aunque sea eventualmente, pueden escucharse las propuestas y perspectivas de los países y territorios menos poderosos. Concretamente en la Asamblea General de la ONU, en la que están representados todos los países y territorios del Planeta. En dicha Asamblea se ha aprobado numerosas declaraciones que recogen con claridad y rigor los principales problemas del conjunto de la humanidad y cuáles deben ser las formas de abordarlos. Desarrollo sostenible, justicia global, seguridad internacional, gobernabilidad democrática,… la ONU ha venido construyendo con un amplio consenso un conjunto de propuestas que detallan adecuadamente lo que debería ser un programa político de gobierno mundial.

Estas propuestas apenas logran orientar los trabajos de los diferentes programas de la propia ONU (UNICEF, FAO, OIT, ONUDI,…)  porque no alcanzan a comprometer las políticas nacionales de los diferentes países. Baste recordar la negativa a asumir los objetivos del Protocolo de Kyoto por parte de los países con más responsabilidad en la emisión de gases de efecto invernadero, o las renuencias a destinar la cantidad el 0,7% de la renta nacional para ayuda al desarrollo. Al fin y al cabo, los programas de la ONU y su Asamblea General funcionan como una especie de hemiciclo sin competencias ejecutivas. En el sistema de NNUU las competencias ejecutivas las ostenta el Consejo de Seguridad, que tiene como miembros permanentes a los cinco países que de una forma u otra se consideraron vencedores tras la II Guerra Mundial: China, Francia, Rusia, Gran Bretaña y EEUU. El Consejo está formado por otros diez miembros no permanentes, puestos en los que se rotan el resto de países con mandatos de dos años no renovables. Esta situación supone que cualquiera de los cinco miembros permanentes puedan vetar o bloquear decisiones y resoluciones en función de sus intereses nacionales o estratégicos.

El Sistema de Naciones Unidas se encuentra actualmente en un proceso interno de profundas reformas, pero que están dirigidas a mejorar el nivel de gestión, gobernabilidad interna, rendición de cuentas y personal del sistema. No hay previsión alguna de modificar los sistemas de toma de decisión de esta institución eminentemente intergubernamental, que de momento perpetuará el desequilibrio señalado a favor de los países mencionados.

Las instituciones financieras internacionales (IFI).

En 1944 se crearon las actuales instituciones financieras internacionales con la finalidad de “gobernar” los aspectos fundamentales de la economía internacional: el Banco Mundial (BM) para garantizar la disponibilidad de crédito que facilitaría la inversión, el Fondo Monetario Internacional que debía ocuparse de la regulación del sistema de cambio financiero y la Organización Mundial de Comercio (OMC) que establecería normas y arbitrios sobre las disputas comerciales. La falta de disposición a asumir estrategias comerciales compartidas hizo que en lugar de la OMC tuviéramos que conformarnos con el Acuerdo General sobre Aduanas y Aranceles (GATT), que apenas establecía normas básicas de protección para algunos mercados y productos. Al menos hasta 1995 cuando finalmente se creó formalmente la OMC, ahora sí, en plena era de globalización neoliberal.

Tanto el BM como el FMI comparten un mismo sistema de toma de decisión basado en un sistema mixto ponderado. Estas instituciones se financian con las aportaciones de los países socios, como no podría ser de otra forma. Todos los países socios tienen por el hecho de serlo un número de votos idéntico, a los que se suman un número de votos en función de una compleja fórmula matemática construida de forma que se garantiza el poder de decisión y de veto de las economías más poderosas. De hecho cualquiera de las decisiones consideradas como importantes pueden impedirse con sólo el voto de los Estados Unidos, mientras que las decisiones denominadas de segundo orden pueden ser impedidas mediante un acuerdo de los países que forman el G-7.

Este es uno de los motivos que explican el fortalecimiento y la visibilidad pública del G-7 (o el denominado G-8, incluyendo a Rusia después de su conversión al mercado) en los últimos años, puesto que de hecho los gobiernos de esos países son los responsables de las decisiones fundamentales que en materia de economía internacional se han tomado en los últimos cincuenta años. Son por lo tanto, los principales responsables del predominio de la agenda liberal, con sus recetas de ajuste económico que han deteriorado seriamente las capacidades de los estados de establecer políticas económicas públicas y propias, logrando extender el predominio del papel del sector privado mediante privatizaciones de prácticamente todos los sectores económicos. Independientemente del objeto de la actividad, últimamente incluso se han iniciado procesos de privatización de actividades cuya garantía fundamental reposaba en los estados. No sólo las cuestiones educativas y sanitarias, también hay ejemplos de privatización de la seguridad, de los ejércitos y la defensa. Este es uno de los aspectos más graves de los últimos tiempos, en los que la percepción del riesgo mundial ha ido en aumento, y ha permitido legitimar respuestas que se fundamentan en la doctrina de “lucha internacional contra el terrorismo”.

Por su parte el antiguo GATT y la actual OMC no disponen de elementos esenciales de todo tipo de organización o colectivo humano. La herencia más relevante del GATT es que en la OMC no se toman acuerdos ni por consenso, ni mediante debate representativo. El trabajo es resultado de diferentes rondas de negociación, así llamadas porque durante años los representantes de los diferentes estados negocian entre sí acuerdos de comercio por cada producto y por cada uno de los aspectos de la actividad comercial. No existen mecanismos de compensación previa, que pudieran modificar en algo las asimetrías existentes entre las diferentes capacidades productivas, comerciales y de negociación que son evidentes entre las economías más poderosas y el resto de economías. Mientras que las delegaciones de EEUU o la UE cuentan con numerosos funcionarios especializados y mucho más numerosos agentes del sector privado que conforman un auténtico lobby negociador en las diferentes salas de reunión que la OMC mantiene abiertas en Ginebra, la mayoría de los países con economías débiles tienen problemas incluso para mantener de forma permanente a un solo delegado en Ginebra. Además, la no existencia de acuerdos previos sobre cuál será la agenda de discusión y cuáles los países invitados a la negociación, permite que un conjunto de países, acompañados por los intereses privados de las transnacionales alcancen acuerdos en el seno de la OMC, que sin embargo, vinculan al conjunto de países miembros.

La entrada en estas negociaciones de sectores tan sensibles como la alimentación y la propiedad intelectual son la causa fundamental del aumento espectacular de la desigualdad internacional. Este conjunto de acuerdos persigue la lógica del máximo beneficio y del crecimiento de las economías sin detenerse en consideraciones sobre la redistribución justa de dichos beneficios, ni siquiera sobre la propiedad de dichos beneficios. Actualmente tienen más peso en las decisiones de los gobiernos, las presiones que sobre ellos ejercen diversos lobbies corporativos que la opinión de las ciudadanías, incluso en aquellos países en los que éstas eligen sus gobiernos de forma democrática.

La Corte Penal Internacional

Mucho más reciente en su creación (1998) y en su estatuto (2002), la Corte Penal Internacional con sede en Holanda se creó a partir de la iniciativa de la ONU y gracias al desarrollo que sobre cuestiones penales ha tenido el Derecho Internacional. Actualmente son 108 países los que han ratificado el estatuto de la Corte, con las graves excepciones de China, Rusia y los EEUU. Éste último incluso estableció una ley por la que trata de impedir a los diferentes estados que acudan a la Corte Penal Internacional a juzgar a estadounidenses por sus acciones criminales en el exterior.

La Corte Penal Internacional es una institución de marcado carácter supranacional, es decir que no depende de los estados para su funcionamiento ni se somete a sus intereses. Juzga crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y genocidios y puede actuar por iniciativa del Fiscal de la Corte, a instancias de un Estado parte o de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Sin embargo, la necesidad de ratificación del estatuto por parte de los estados mantiene muy limitada su actividad y su alcance.

Los primeros juicios celebrados han sido por el genocidio en Ruanda en 1994, la guerra de la República Democrática del Congo o los genocidios en la exYugoslavia en 1992-3.

Conclusión y perspectivas

Es evidente que la institucionalidad internacional vigente no es ni suficiente, ni presenta la necesaria legitimidad democrática para hacer frente a los numerosos retos de la humanidad. En las últimas décadas se ha ido evidenciando que existen un conjunto de problemas ante los que los estados, ceñidos a su soberanía territorial, se muestran incapaces de abordar. Cuestiones como la energía, la sostenibilidad ambiental, la seguridad mundial, el desarrollo, la economía o la justicia requieren de acuerdos y pactos que vinculen estrechamente las capacidades de respuesta de los estados-nación. Estos acuerdos no pueden seguir a expensas de los intereses particulares de algunas poblaciones o sectores económicos, puesto que éstos chocan frontalmente con los intereses generales de la humanidad. Sólo mediante la cesión de soberanía correspondiente por parte de los estados hacia instituciones supranacionales es posible contar con que las instituciones de gobierno mundial serán eficaces y útiles para dar respuesta a los problemas globales y detener el deterioro.

La lógica multilateral de negociación entre países parece ser el único camino para alcanzar acuerdos de cooperación y colaboración que vinculen seriamente las políticas públicas nacionales con los principios y necesidades compartidas por todos. Tras los últimos años de política internacional unilateral por parte de la administración estadounidense algunas de las esperanzas basadas en una gobernabilidad mundial, representativa, democrática y eficaz se han visto seriamente amenazadas. Es preciso que EEUU regrese a posiciones de respeto al derecho internacional y de fortalecimiento de los espacios multilaterales, pero no será suficiente. Es preciso impulsar instituciones que combinen la perspectiva y la responsabilidad planetarias con la gestión de los asuntos y las garantías individuales y locales. O instituciones democráticas de gobierno mundial o barbarie.

Pablo J. Martínez Osés

Coordinador Plataforma 2015 y más

www.pdf24.org    Enviar artculo en formato PDF   


Deja tu comentario

Advertise Here