Panorama actual de los derechos humanos

27 abril 2011 | Autor:admin2

“ El capitalismo de hoy en día, tal y como se ha desarrollado a lo largo del planeta, con el mercado mundial unificado como instancia única, con la mano invisible que decide quién muere y quien vive en el planeta, es en realidad un Killer Kapitalismus. Un término alemán: el capitalismo de la jungla que mata, que asesina. Podría utilizar multitud de ejemplos y escojo el del hambre. Todos los días en este mundo, según la FAO, cien mil personas mueren de hambre o a causa de sus consecuencias inmediatas. El año pasado, cada cinco segundos, un niño de menos de diez años moría de hambre. Y en 2006 también 856 millones de personas, una de cada seis, ha permanecido mal nutrida de forma grave y permanente. Las cifras indican que la pirámide de víctimas aumenta. Y todo esto sucede en un planeta que, según la FAO, podría alimentar en condiciones normales, con 2.700 kilocalorías por día para un adulto normal, a 12 mil millones de seres humanos. Y somos 6.000 millones. Es decir, a casi el doble de la población mundial actual. O sea que en esta matanza cotidiana del hambre no hay fatalidad alguna” Jean Ziegler[1]. Relator Especial de Naciones Unidas para el derecho a la alimentación.

A la explicita intencionalidad expresada en el propio prólogo de la Declaración Universal de Derechos Humanos[2] de liberar a la persona no solamente del temor al ejercicio arbitrario del poder sino también liberarlo de la miseria para que todos los hombres y mujeres puedan alcanzar una vida digna, responde igualmente la reiterada llamada que todos los instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos  reconocen la interdependencia e indivisibilidad de todos los derechos humanos: una visión que garantiza tanto la libertad civil y política como el bienestar económico y social de todas las personas.

Fotografía: Antonio Pérez

La humanidad ha venido avanzando hasta entender a los Derechos Humanos como un todo que posibilita la libertad de pueblos y de las personas en condiciones dignas, considerando a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales como verdaderos derechos en condiciones de igualdad. En este sentido, para que no se entienda que los primeros son exigibles y los segundos meros postulados o utopías de la humanidad, por ello la necesidad de comprenderlos y aplicarlos como indivisibles[3] e interdependientes[4]. Es importante dejar en claro el concepto de integralidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos, para poder avanzar en su justiciabilidad y poder comprender la gran impunidad que se cierne sobre los derechos económicos, sociales y culturales.

Los derechos humanos no son favores ni prebendas, ni su cumplimiento tiene nada que ver con que el Estado sea o no paternalista. Los derechos humanos son atributos inherentes a la persona humana, que nos pertenecen desde el momento en que nacemos. De igual manera, son realidades que se viven día a día en el proceso de conquistarlos, en el proceso de generar mejoras en la calidad y dignidad de vida de las comunidades. Pero además son compromisos ineludibles del Estado, dado que existen una serie de instrumentos que los consagran y que sirven para regular el papel del Estado como representante del pueblo y administrador de los bienes de la colectividad.

Los DESC quedaron reflejados en el derecho de los tratados internacionales por medio del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales[5] (PIDESC), y otros tratados universales y mecanismos regionales[6]. Hasta la fecha, más de 150 países han ratificado el PIDESC, aceptando la obligación de cumplir con los derechos económicos, sociales y culturales de sus pueblos. El PIDESC busca establecer normas con mayor poder vinculante para los Estados en materia de los derechos económicos, sociales y culturales, fijando igualmente su contenido, alcance y limitaciones. En 1985, para llevar un sistema de control parecido al del Comité de Derechos Humanos, se establece el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales[7].

El reconocimiento de los DESC no es un mero catálogo de buenas intenciones por parte de los Estados. Son derechos que se derivan directamente de tratados internacionales de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (1966) y las normas establecidas por organismos especializados como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

La jurisprudencia interna de muchos países y la tendencia a incluir estos derechos en las reformas constitucionales demuestran que estos derechos se pueden hacer cumplir mediante recursos legales. Sin embargo, queda mucho por hacer para que estos derechos se equiparen a los civiles y políticos en lo que se refiere a su exigencia jurídica internacional.

Los Estados deben evitar la discriminación en el acceso a los derechos básicos (incluyendo la discriminación basada en el sexo, la raza o el origen social), garantizar las obligaciones de contenido mínimo y tomar medidas progresivas hacia la plena realización de los DESC.

Utilizando el ‘máximo de sus recursos disponibles’, los estados tienen la obligación primaria, respecto de los derechos humanos, de respetar (abstenerse de violarlos), proteger (impedir que otros los violen) y cumplir (tomar las medidas necesarias para hacerlos efectivos, como aprobar legislación y disponer partidas presupuestarias), monitorear (medir su avance) y promoverlos (asegurar la mayor conscientización y comprensión posible por parte de la población).

Por otra parte, existen otros instrumentos jurídicos de derecho internacional que igualmente ponen de manifiesto los compromisos de los estados en materia de los Desc, como la Declaración de los Derechos del Niño[8] y la Convención Sobre los Derechos del Niño[9] que busca la protección especial de los niños para que puedan desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y en condiciones normales. Reconoce igualmente la necesidad de la cooperación internacional para mejorar las condiciones de vida de los niños en todos los países, para ello impone a los Estados adoptar medidas legislativas, administrativas y disponer del máximo de los recursos para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de los niños.

La Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la Malnutrición[10], parte de reconocer la crisis alimentaria, que afecta especialmente a los países en desarrollo, donde viven la mayoría de las personas hambrientas y malnutridas del mundo. La eliminación de este flagelo es uno de los objetivos de la declaración sobre el Progreso y el Desarrollo Social “Todos los hombres, mujeres y niños tienen el derecho inalienable a no padecer de hambre y malnutrición a fin de poder desarrollarse plenamente y conservar sus capacidades físicas y mentales” (Art.1). El bienestar de los pueblos del mundo depende de la producción y distribución adecuada de los alimentos, para alcanzar la paz y la justicia; eso implica eliminar la brecha entre países ricos y países pobres buscando un nuevo orden económico internacional.

Declaración sobre el Derecho al Desarrollo[11], tras más de una década de debates en el seno de las Naciones Unidas, se constituye en el principal instrumento jurídico que consagra el derecho al desarrollo como un derecho humano “ El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir en ese desarrollo y a disfrutar de él” (Art.1).

La Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en junio de 1993, supone un importante y decisivo eslabón en la cadena que representa la génesis del derecho al desarrollo. Así, la Declaración de Viena, tras subrayar en su párrafo 8 que ” la democracia, el desarrollo y el respeto a los derechos humanos y de las libertades fundamentales son conceptos interdependientes que se refuerzan mutuamente”, dedica por entero el párrafo 10 al derecho al desarrollo ” la Conferencia Mundial de Derechos Humanos reafirma el derecho al desarrollo, como derecho universal e inalienable y como parte integrante de los derechos  humanos fundamentales”. Este es un avance significativo en el reconocimiento del derecho al desarrollo desde 1986.

El Informe final del estudio sobre la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos ( derechos económicos, sociales y culturales), preparado por el Sr. El Hadji Guissé en junio de 1997, Relator Especial de Naciones Unidas[12], da cuenta de las violaciones a estos derechos y de los llamados derechos colectivos, tales como el derecho al desarrollo y a un medio ambiente sano, independientemente de sus autores, bien sean Estados o sus agentes, grupos de Estados, organizaciones nacionales o internacionales, o individuos o grupos que actúan fuera de la competencia del Estado.  En su estudio se hace referencia a algunas de las prácticas que han originado graves violaciones de los Desc y que continúan teniendo efectos muy negativos en el disfrute de los derechos de los individuos y de los pueblos. “Las más conocidas son, esencialmente la esclavitud, la colonización, el apartheid y el expolio del patrimonio cultural del tercer mundo”. También, se denuncian las prácticas actuales que se originan en el ámbito internacional y que originan graves violaciones como : la deuda externa, los programas de ajuste estructural, deterioro de los términos de intercambio, la corrupción, el lavado de dinero procedente del narcotráfico, las actividades fraudulentas de las Compañías transnacionales, la explotación del trabajo ilegal y de los trabajadores migratorios, etc.

Una de las recomendaciones fundamentales del informe Guissé señala la necesidad de promover medidas que prevenir las violaciones a los desc, como por ejemplo en el marco de las mismas Naciones Unidas, preparar y adoptar un protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como que el que ya existe con respecto a los derechos civiles y políticos. “ las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales deben ser declaradas crímenes internacionales de forma que estén, consecuentemente, sujetos a los principios de la jurisdicción universal y de imprescriptibilidad, para que puedan ser castigados en todo tiempo y lugar”.

En el año 2000, la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas[13] fue aprobada por la mayor concentración de jefes de Estado de la historia. Ésta comprometió a los países —ricos y pobres— a que hicieran todo lo posible para erradicar la pobreza, promover la dignidad humana y la igualdad, y alcanzar la paz, la democracia y la sostenibilidad ambiental. Estos dirigentes prometieron unir fuerzas para lograr que, para el año 2015 o antes, se cumpliesen unos objetivos concretos de avance en el desarrollo y reducción de la pobreza. El logro de los Objetivos contribuirá al avance de los derechos humanos. Cada uno de estos Objetivos puede estar directamente relacionado con los derechos económicos, sociales y culturales enumerados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículos 22, 24, 25 y 26) y otros instrumentos internacionales ya mencionados de derechos humanos.


[1] El Orden Criminal del Mundo. En Portada TVE. Vicente Romero.

[2] “Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en el que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias”. Preámbulo Declaración Universal de Derechos Humanos.

[3] La Declaración de Viena de 1993 reafirmo la indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos los derechos humanos.

[4] También la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social insiste en la indivisibilidad e interdependencia. Informe Preliminar A/CONF.166/9 19 de abril de 1995.

[5] Adoptado y abierto a ala firma, ratificación y adhesión por la Asamblea general de la ONU e su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entró en vigor el 3 de enero de 1976, de conformidad con el artículo 27. En su preámbulo señala: “ Reconociendo que, con arreglo a  la Declaración Universal de Derechos Humanos, no pude realizarse el ideal de ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan  a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos”

[6] Así, desde el Consejo de Europa, la Organización de Estados Americanos (OEA), y la Organización para la Unidad Africana (OUA) se han creado sendos sistemas de protección de los derechos humanos. En este sentido, en 1950 se adoptó la Convención Europea de Derechos Humanos, en 1969 la Convención Americana de Derechos Humanos y en 1981 la Carta Africana de los derechos Humanos y de los Pueblos.

[7] creado por el ECOSOC mediante Resolución 1985/17 del 28 de mayo de ese año; este órgano de supervisión cuenta con 18 expertos independientes de los Estados, con mayor autonomía y experiencia.

[8] Aprobada por la Asamblea General de la ONU mediante la resolución 1386 del 20 de noviembre de 1959.

[9] Adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de la ONU en su Resolución 44/25 el 20 de noviembre de 1989.

[10] Aprobada el 16 de noviembre de 1974 Por la Conferencia Mundial de la Alimentación y que hizo suya la Asamblea General de la ONU en su resolución 3348 (XXIX) del 17 de diciembre de 1974.

[11] Adoptada por la Asamblea General de la ONU en su Resolución 41/128 del 4 de Diciembre de 1986. Un hecho significativo es que contó con el voto en contra de Estados Unidos y con la abstención de ocho significativos países de la órbita occidental: Dinamarca, República Federal Alemana, Reino Unido, Finlandia, Islandia, Suecia, Japón e Israel. A pesar de ello, la Declaración obtuvo el voto favorable de 146 estados, entre ellos el estado español

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